Con el visto bueno de Ron DeSantis, las leyes SB 1386 y HB 703 protegen a trabajadores de servicios públicos y sancionan agresiones.
Desde el pasado 1° de octubre, Florida cuenta con nuevas legislaciones que buscan fortalecer la protección de los trabajadores de servicios públicos. Entre ellas, la SB 1386 y la HB 703, aprobadas con el visto bueno del gobernador Ron DeSantis, incluyen penalizaciones por conductas agresivas hacia estos empleados y regulaciones sobre la reubicación de servicios públicos.
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Las medidas han sorprendido a muchos migrantes y trabajadores, especialmente tras reportes de redadas de ICE en lugares frecuentados por estos grupos, como lavaderos de autos, donde la comunidad no esperaba encontrarse con agentes de inmigración.
La SB 1386 protege a los trabajadores de servicios públicos que realizan labores en infraestructura crítica frente a cualquier tipo de agresión física. La ley contempla penalizaciones claras para quienes cometan este tipo de actos, buscando garantizar la seguridad de quienes mantienen activos los servicios esenciales en el estado.
Ron DeSantis aprueba nuevas leyes que protegen a trabajadores en Florida.
Expertos legales destacan que estas medidas no solo fortalecen la protección laboral, sino que también envían un mensaje de prevención y responsabilidad, asegurando que los trabajadores de Florida puedan desempeñar sus funciones sin miedo a sufrir violencia o intimidación en su lugar de trabajo.
La HB 703, por su parte, regula la distribución de remesas impuestas por servicios de comunicaciones a través del Departamento de Ingresos, destinándolas al Programa de Subvenciones de Reembolso de Reubicación de Servicios Públicos. Esta medida busca mejorar la eficiencia y transparencia en la reubicación de servicios esenciales en el estado.
Además, otras leyes recientes, como la llamada "Trooper’s Law", penalizan comportamientos como abandonar un perro durante desastres naturales, reflejando un esfuerzo legislativo más amplio por proteger tanto a personas como a animales en Florida. Estas normativas muestran un enfoque integral hacia la seguridad pública y la responsabilidad ciudadana.