Este lunes 19 de enero se cumple el plazo para que el Departamento de Justicia responda la demanda hecha por el estado de Minnesota junto con la ciudad de Minneapolis.
Desde hace días, Minnesota ha sido escenario de fuertes protestas ciudadanas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, generando una respuesta inusual de la administración del presidente Donald Trump, que ha ordenado que unos 1 500 soldados en servicio activo estén listos para un posible despliegue en el estado ante la escalada de tensiones sociales y advertencias de invocar la Ley de Insurrección; no obstante, el despliegue no está confirmado ni es inminente, sino que es una medida preventiva en caso de que el presidente decida utilizar estas fuerzas para reforzar el orden en medio de los disturbios.
De acuerdo a lo publicado por Fox9, se trataría de dos batallones de infantería del ejército con base en Alaska, los cuales ya tiene la orden de estar preparados para ser desplegados en caso que el mandatario republicano apela a la Ley de Insurrección.
Esto también tiene lugar cuando personal de la Guardia Nacional aguarda la luz verde para brindar apoyo a la policía local en el marco del mega operativo que ICE viene realizando en Minneapolis y en el resto de Minnesota, y cuyo accionar ya causó la muerte de una persona: Renee Nicole Good, madre de 3 hijos, quien recibió balazos mortales a manos de un oficial de la agencia de inmigración, Jonathan Ross.
Asimismo, esta amenaza de que el ejército ingrese en Minneapolis responde a la demanda del estado de Minnesota junto con las Twin Citties para poner fin al accionar de ICE y, supuestamente, este lunes el Departamento de Justicia tendría que responder.
se sabe que un juez federal ha acelerado el trámite de la demanda contra el gobierno federal; sin embargo, el juez denegó la suspensión inmediata de las actividades, mientras que el fiscal general Keith Elliso le mandó una carta pidiendo una orden judicial preliminar en vez de una restricción temporal, aduciendo que ello representaba una escalada de daños devenidos de las acciones de la agencia federal.
Asimismo, los funcionarios estatales aseguran que tales acciones responden a represalias políticas y no a operativos para salvaguardar la seguridad nacional; por ello, las autoridades locales relacionadas a la demanda piden a la agencia que dejen de emplear el uso de la "fuerza excesiva", reemplazándolo por cámaras corporales.
En ese mismo sentido, han recalcado que su intención no es impedir la aplicación de las leyes migratorias, sino más bien que esta se lleve a cabo de forma ilegal. La respuesta de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue la de calificar al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis como los responsables de la violencia, como de "proteger criminales en su oposición a ICE".
En este clima de conflicto en el que no parece haber una desescalada, el juez ordenó a los funcionarios federales elevar su respuesta a la demanda, a más tardar, el lunes 19 de enero de 2026 y los demandantes hasta el 22 del presente mes para replicar dichos argumentos.