Una familia en Donna, Texas, acusa al ICE de irrumpir en su casa sin orden judicial y con uso excesivo de fuerza; buscan que la política sea declarada inconstitucional.
Una familia de inmigrantes en Donna, Texas, presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un operativo ocurrido en enero en el que agentes federales habrían saltado una cerca y forzado la entrada a su hogar sin una orden judicial, según el reclamo judicial presentado el 18 de febrero.
De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad compartidas en redes, los oficiales redujeron a Humberto García, ciudadano estadounidense que vive en la propiedad, y a otros miembros de la familia durante el operativo, lo que generó acusaciones de uso excesivo de fuerza.
La demanda fue presentada por Humberto García y sus hermanas contra el Department of Homeland Security (DHS), el ICE, su director interno, Todd Lyons, y Kristi Noem. En el documento legal se impugna un memorando interno del ICE que, según los demandantes, autoriza a los agentes a entrar a residencias sin una orden judicial válida.
Agentes del ICE ingresa a la fuerza a hogares de inmigrantes en Texas.
Los puntos clave del reclamo incluyen:
En declaraciones a medios, el abogado de la familia García, Raed García, calificó el operativo como un allanamiento ilegal a la residencia. Señaló que la directiva interna del ICE, respaldada por el DHS, "se siente con la autoridad de violar la ley", y que la Cuarta Enmienda protege a cualquier persona contra entradas sin una orden judicial que especifique dónde pueden entrar y qué pueden buscar.
El abogado destacó además que en el operativo participaron más de 15 agentes, y que este tipo de acciones van más allá de casos aislados, reflejando una política aplicada de manera rutinaria.
La política interna cuestionada en la demanda correspondería a un memorando de mayo de 2025 que se filtró a comienzos de 2026. Según ese documento, los oficiales del ICE podrían entrar a propiedades sin orden judicial en casos donde existiera una orden de deportación interna emitida por la agencia.
Abogados y expertos legales consultados han señalado que esta práctica contradice las normas constitucionales y las guías formales que rigen la actuación de los agentes, que normalmente requieren autorización judicial para ingresar a domicilios privados. La familia García ahora busca, a través de los tribunales, que esta directiva sea declarada inconstitucional y que se emitan medidas para impedir su aplicación en otros casos similares.