El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) propone restringir el acceso a programas de vivienda pública solo a ciudadanos estadounidenses.
Una nueva propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) plantea restringir el acceso a programas de vivienda pública casi exclusivamente a ciudadanos estadounidenses o a inmigrantes con estatus legal elegible, dejando fuera a familias de estatus migratorio mixto.
La normativa publicada en el Registro Federal exige que todos los residentes de propiedades financiadas por el HUD presenten documentación que pruebe su ciudadanía o elegibilidad migratoria, eliminando la política vigente que permitía a familias mixtas recibir beneficios proporcionales según los miembros elegibles.
Actualmente, algunas familias pueden permanecer en viviendas subsidiadas aunque uno o más miembros no tengan estatus migratorio legal, calculándose el subsidio de manera proporcional. La nueva propuesta pondría fin a esta posibilidad, obligando a que todos los residentes cumplan los requisitos.
Familias inmigrantes en Nueva York podrían quedar en las calles.
La propuesta también amplía los requisitos de verificación para personas mayores de 62 años, que antes solo debían demostrar su edad, obligándolas a probar su estatus legal para continuar recibiendo asistencia.
Analistas y activistas advierten que la medida podría generar desalojos masivos. El Center on Budget and Policy Priorities estima que hasta 20.000 familias, aproximadamente 80.000 personas, podrían perder la asistencia para el alquiler si se implementa la normativa.
Sonya Acosta, analista de políticas del centro, indicó que la regla obligaría a estas familias a enfrentar una difícil elección: perder la asistencia que les permite pagar su hogar o separarse para mantener el beneficio.
La propuesta retoma una iniciativa similar presentada durante el primer mandato de Donald Trump en 2019, que buscaba reducir las listas de espera para viviendas públicas debido a la alta demanda. En aquel entonces, más de 108.000 personas que recibían beneficios vivían en hogares donde al menos un miembro no tenía estatus migratorio regular.
Actualmente, más de 2,2 millones de personas viven en viviendas públicas en todo EE. UU., lo que refleja la magnitud del impacto potencial de cualquier cambio en las reglas de elegibilidad.
Un análisis de la Ciudad de Nueva York en 2019 anticipó que alrededor de 2.800 hogares con estatus migratorio mixto podrían perder asistencia o enfrentar desalojos si se aplicaba la normativa. Entre ellos vivían aproximadamente 11.400 personas, incluidos casi 4.900 niños, adultos mayores y personas con discapacidades.
El estudio advertía que muchos de estos residentes eran ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con estatus legal que perderían asistencia solo por convivir con familiares que no podían demostrar elegibilidad, generando un impacto social y económico significativo en la ciudad.