El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley SB 1332, que establece normas para la obtención de licencias de quienes tienen estos antecedentes.
Aviso importante: recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó la ley SB 1332, que forma parte de un conjunto de iniciativas enfocadas en fortalecer la seguridad pública. Esta legislación tiene como finalidad incrementar las sanciones penales, dotar a las fuerzas del orden de herramientas más efectivas y mejorar la supervisión de los delincuentes reincidentes en el estado. Aquí, todo lo que debes saber.
La reciente legislación en Florida ha implementado cambios importantes en el sistema de identificación de delincuentes considerados de alta peligrosidad. Una de las modificaciones más destacadas es la implementación de una licencia de conducir o tarjeta de identificación especial para quienes sean clasificados como reincidentes violentos, la cual entrará en vigor el próximo 1 de octubre del 2026.
Florida: Ron DeSantis firma ley SB 1332 que pone en jaque las licencias para reincidentes violentos.
La ley SB 1332 establece que los delincuentes reincidentes, conocidos como “career offenders”, deberán portar esta identificación distintiva, que será emitida por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV). Esta medida busca mejorar la seguridad pública y facilitar el seguimiento de personas con antecedentes delictivos.
Según informes internacionales, esta categoría específica comprende a quienes cometen delitos graves de forma reiterada. Esta clasificación incluye a las siguientes personas:
La nueva medida busca fortalecer el sistema de justicia y abordar de manera más efectiva la problemática de la violencia criminal en esta zona de EE. UU.
La modificación más notoria está en la licencia de conducir o tarjeta de identificación, en la que se incluirá la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal.
Aquella disposición, que ya fue firmada por DeSantis, también afectará a quienes se encuentren bajo supervisión comunitaria y no estén en prisión, pues deberán actualizar su documentación de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.