El nuevo requisito migratorio en Florida podría limitar el acceso a estudios superiores de miles de jóvenes inmigrantes que se gradúan de secundaria cada año.
La Junta Estatal de Educación de Florida aprobó en Estados Unidos una normativa que restringe el acceso de personas inmigrantes en situación irregular a las 28 universidades públicas del estado y a programas de educación para adultos, impactando de forma directa a la comunidad inmigrante en Florida. La medida, que introduce cambios en las reglas del sistema educativo estatal, exige la verificación del estatus migratorio y ha provocado un intenso debate sobre el derecho al acceso a la educación superior.
La decisión afecta al sistema de universidades estatales de Florida, compuesto por 28 instituciones públicas que ofrecen desde certificaciones técnicas hasta programas de dos años y, en algunos casos, títulos de licenciatura. A partir de la nueva norma, los aspirantes deberán demostrar ciudadanía estadounidense o presencia legal para poder matricularse.
De acuerdo con la Agencia EFE, la normativa establece de forma explícita que el acceso estará condicionado al estatus migratorio. En palabras textuales del organismo: "La regulación exige que los aspirantes demuestren ser ciudadanos estadounidenses o cuenten con presencia legal en el país antes de ser admitidos en estas instituciones educativas".
El impacto previsto podría ser bastante alto. De acuerdo con los cálculos presentados cuando se aprobó la medida, cada año unos 8,000 estudiantes inmigrantes sin documentación finalizan la educación secundaria en Florida. Muchos de ellos veían en estas escuelas una opción viable y de bajo costo para poder continuar sus estudios en Estados Unidos.
La medida no se limita a la educación superior. También alcanza a programas clave de formación para adultos en el estado, como los cursos de preparación para el GED, certificación equivalente al diploma de secundaria, y los programas ESOL, dirigidos a la enseñanza del inglés a hablantes de otros idiomas.
Con esta actualización, los inmigrantes en Florida que busquen acceder a estos programas deberán acreditar estatus legal en el país, lo que, según organizaciones civiles, podría dejar fuera a miles de personas que dependen de estas herramientas para mejorar sus oportunidades laborales y académicas.
Diversos colectivos defensores de los derechos de los migrantes, entre ellos Florida Student Power y Justicia para Migrantes, criticaron la decisión, al considerar que limita el acceso a la educación pública y profundiza las barreras para los inmigrantes indocumentados.