La decisión judicial supone un nuevo revés para la política migratoria de Trump y protege temporalmente a bebés nacidos en EE. UU. de padres extranjeros.
Una jueza federal de Maryland bloqueó temporalmente una nueva medida impulsada por Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para determinados bebés cuyos padres son extranjeros. La decisión supone un nuevo revés judicial para la administración Trump, que busca modificar el alcance de este derecho constitucional.
La clase protegida incluye a niños nacidos en EE. UU. después del 19 de febrero de 2025, bajo ciertas condiciones migratorias.
La jueza federal Deborah Boardman, del distrito de Maryland, suspendió temporalmente la nueva orden ejecutiva de Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento de determinados niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros incluidos en una demanda colectiva. La decisión responde a una solicitud presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, que ya habían logrado que Boardman bloqueara una iniciativa similar impulsada por Trump.
El nuevo fallo llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara, el pasado 30 de junio, el intento inicial de la administración republicana de restringir este derecho para los hijos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
Boardman sostuvo que la nueva orden presidencial es, con alta probabilidad, inconstitucional respecto de los menores protegidos por la demanda. En su decisión, afirmó que la Corte Suprema ya había establecido que los niños incluidos en la categoría certificada son "ciudadanos por nacimiento".
La orden judicial también impide que dependencias federales, como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social, interfieran en el reconocimiento de la ciudadanía de los menores protegidos.
La decisión beneficia específicamente a los menores incluidos en la demanda colectiva presentada contra las restricciones impulsadas por Donald Trump. El gobierno había anunciado una nueva orden ejecutiva después de que su primera estrategia sufriera un revés ante la Corte Suprema.
Entre las situaciones que la nueva medida pretendía abordar se encontraban los casos relacionados con el llamado "turismo de parto", además de determinadas circunstancias vinculadas con la situación migratoria o las actividades de los padres. Sin embargo, existe una diferencia importante. El fallo de la jueza no significa que el gobierno de Estados Unidos haya autorizado el fraude migratorio ni que las autoridades hayan perdido la facultad de actuar contra quienes utilizan visas de manera indeida.
Trump firmó el 6 de agosto dos órdenes ejecutivas distintas. Una buscaba establecer nuevas restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento, mientras que la otra estaba enfocada específicamente en combatir el denominado "turismo de parto" (o birth tourism).
Esta última estrategia permite al gobierno adoptar medidas migratorias, como negar o revocar visas, impedir el ingreso al país y actuar contra personas o empresas que faciliten viajes cuyo propósito principal sea obtener la ciudadanía estadounidense mediante el nacimiento de un hijo.
Por ello, una cosa es perseguir un posible fraude migratorio y otra distinta es negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos cuando, de acuerdo con la Constitución y los precedentes judiciales, cumplen los requisitos para ser ciudadanos "por nacimiento".
El fallo de Boardman es preliminar, por lo que la disputa legal sobre la ciudadanía por nacimiento todavía no ha terminado. El gobierno de Trump puede apelar la decisión y continuar defendiendo ante tribunales superiores las nuevas excepciones planteadas en su orden ejecutiva.
El Departamento de Justicia había argumentado que la intervención de la jueza era prematura porque las dependencias federales aún no habían publicado las instrucciones necesarias para aplicar la medida. No obstante, Boardman consideró que era necesario actuar de inmediato debido al alcance de la orden presidencial.
Según explicó la jueza, aunque el gobierno sostenía que la medida tendría efectos únicamente hacia el futuro, el texto de la orden indicaba que podía alcanzar a todos los niños que cumplieran sus criterios, sin importar cuándo hubieran nacido. El Periódico Cubano, fuente principal de esta información, destacó el nuevo enfrentamiento judicial entre la administración de Donald Trump y las organizaciones que defienden los derechos de las familias inmigrantes.
Con esta decisión, la estrategia de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos vuelve a encontrarse con un obstáculo en los tribunales. Mientras la orden de Boardman permanezca vigente, el gobierno federal no podrá utilizar el nuevo decreto para desconocer la ciudadanía de los menores incluidos en la demanda colectiva.
La Casa Blanca no emitió una respuesta inmediata sobre el fallo. Sin embargo, la disputa podría continuar en instancias superiores y convertirse nuevamente en uno de los principales conflictos legales de la política migratoria de Estados Unidos.