EXCELENTES NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Jueza ANULA directiva de TRUMP que restringía su acceso a algunos programas de asistencia
Un tribunal federal frenó una medida de Trump que ponía trabas a los migrantes para acceder a servicios básicos como salud, educación y capacitación laboral.
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Una jueza federal de Rhode Island resolvió dejar sin efecto una medida impulsada durante la administración de Donald Trump, que restringía el acceso de ciertos inmigrantes a programas de asistencia económica del Gobierno de Estados Unidos. La decisión judicial reduce la preocupación de numerosas familias migrantes, que temían quedarse sin servicios públicos importantes, como atención médica, educación para sus hijos y programas de capacitación laboral para adultos.
Jueza federal en Rhode Island anuló la directiva de Trump que impedía a algunos inmigrantes acceder a ciertos programas federales.
Jueza anula directiva de Trump sobre programas de asistencia
La jueza de distrito Mary McElroy, designada por Trump en 2019, ya había frenado temporalmente la norma el año pasado, por lo que nunca llegó a implementarse. El lunes, transformó esa medida cautelar en un fallo permanente, declarando que la directiva es "ilegal" y que el gobierno no siguió los cauces adecuados para reescribir las normas, calificando las acciones como "procedimentalmente inválidas".
La directiva, emitida en julio de 2025, buscaba reclasificar amplios segmentos de programas de servicios sociales financiados con fondos federales bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales (PRWORA), aprobada en 1996 durante la era de Bill Clinton. Esto los volvería inaccesibles para inmigrantes considerados "extranjeros no calificados", una categoría que incluye a adultos y niños en situación irregular, pero también a quienes tienen ciertas visas de trabajo, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorgó protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo a inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños.
Los programas afectados incluían los preescolares Head Start, las clínicas comunitarias de salud, los programas de educación para adultos y otros servicios sociales. En el caso de Head Start, la nueva interpretación habría obligado a los proveedores a verificar el estatus migratorio de las familias antes de permitirles acceder a servicios, rompiendo con cerca de tres décadas de política federal durante las cuales las personas podían acudir a estos centros sin demostrar previamente su situación migratoria.
Inmigrantes en Estados Unidos protegen el acceso a servicios esenciales
Fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia presentaron la demanda, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo. "Desde las pruebas de detección de cáncer hasta los bancos de alimentos y la educación en la primera infancia, los intentos del gobierno federal de diezmar la red de protección social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras", afirmó. Los defensores de Head Start advirtieron que la carga administrativa de implementar la norma habría provocado el cierre de muchos programas con recursos insuficientes, perjudicando a las comunidades inmigrantes.
Según la agencia Associated Press, fuente principal de esta información, los departamentos de Trabajo, Educación, Justicia y Salud y Servicios Humanos, señalados como demandados, no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que la Administración para Niños y Familias indicó que no comenta sobre litigios en curso.
