BUENA NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: defensores buscan IMPEDIR que ICE oculte dónde están los detenidos con orden final de expulsión
Cuatro organizaciones demandan al Gobierno de Trump para conocer la situación de los detenidos por ICE y garantizarles defensa legal frente a las deportaciones.
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Organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes presentaron una demanda federal para frenar la política del gobierno de Donald Trump que impide consultar la ubicación de miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que tienen órdenes finales de expulsión. La acción judicial busca proteger el acceso de los inmigrantes a la representación legal en Estados Unidos y evitar que pierdan contacto con sus abogados antes de una posible deportación, según informó Associated Press (AP).
Defensores buscan impedir que ICE oculte la ubicación de detenidos con órdenes finales de deportación
La demanda fue presentada el miércoles ante un tribunal federal de Boston por cuatro organizaciones de servicios legales. Los grupos solicitan que un juez bloquee la medida, al considerar que obstaculiza la labor de los abogados y limita la capacidad de los detenidos para defender sus derechos.
Según Associated Press, la nueva política comenzó a aplicarse el mes pasado y contempla retirar del sistema de localización de detenidos de ICE la información sobre el paradero de las personas que tienen órdenes finales de expulsión. Además, el personal de la agencia recibió instrucciones de no divulgar esa información.
Hasta el mes pasado, más de 16.000 personas se habían visto afectadas por el cambio, dentro de una población de cerca de 69.000 detenidos bajo custodia del ICE.
Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, una de las organizaciones demandantes, advirtió que la medida podría impedir que los inmigrantes reciban asistencia jurídica en momentos decisivos para su futuro.
Las organizaciones sostienen que algunos abogados han perdido el contacto con sus clientes, mientras que otros deben dedicar mucho más tiempo a localizarlos. También denuncian dificultades para obtener respuestas de ICE por teléfono, lo que puede retrasar los procedimientos judiciales o impedir la presentación de recursos legales.
Inmigrantes indocumentados detenidos por ICE: ¿qué derechos pueden defender?
Tener una orden definitiva de expulsión no significa que una persona haya agotado todas las vías legales disponibles. Según Associated Press, los inmigrantes aún pueden solicitar la reapertura de sus casos, impugnar las condiciones de detención o solicitar protección frente a la deportación a determinados terceros países, cuando corresponda.
La demanda también sostiene que el cambio podría infringir la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos, al haberse implementado sin una justificación adecuada. Asimismo, plantea posibles vulneraciones de la Primera Enmienda, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y determinadas actividades relacionadas con la comunicación y la asistencia legal.
Desde 2010, abogados y familiares han utilizado el localizador en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para rastrear los traslados de los detenidos entre distintos centros migratorios. Según los demandantes, restringir el acceso a estos datos dificulta la defensa legal de las personas bajo custodia de ICE e impide que los profesionales del derecho identifiquen a quienes necesitan representación.
Por su parte, las autoridades migratorias han señalado que priorizan la deportación de personas con órdenes definitivas de expulsión y han negado que estén ocultando el paradero de los detenidos. Asimismo, sostienen que estas personas mantienen la posibilidad de realizar llamadas telefónicas. Al cierre de la información publicada por AP, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional no habían respondido a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
El caso podría tener repercusiones para miles de inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, en Estados Unidos, especialmente para quienes necesitan asistencia jurídica para impugnar su detención o explorar alternativas a la deportación. La demanda busca que los tribunales determinen si el Gobierno puede mantener esta política sin menoscabar el derecho de los afectados a acceder a una defensa legal.
