La medida llega más de dos décadas después de que el chavismo monopolizara la producción de petróleo, con efectos nefastos para la economía y bolsillos de millones de venezolanos.
Venezuela ha dado un cambio brutal en las viejas políticas que caracterizaron al chavismo cuando la actual presidenta, Delcy Rodríguez, aprobó una ley que abre el camino a empresas extranjeras para que puedan realizar en el país llanero trabajos de extracción de petróleo, abriendo camino no solo a las inversiones sino a la privatización en este crucial sector de la economía llanera.
Por más de dos décadas, el chavismo manejó de forma exclusiva toda la producción y comercialización del petróleo venezolano, pero la poca capacidad de los funcionarios, así como los altos índices de corrupción llevaron a que este insumo, el más importante en Venezuela entre en crisis, provocando la debacle económica del país, como el empobrecimiento de su población.
En ese sentido, esta ley apunta a traer inversiones extranjeras teniendo como punto de lanza el sector petrolero. El proyecto fue firmado la presidenta Delcy Rodríguez en frente de trabajadores petroleros y simpatizantes del partido gobernante, el cual fue previamente aprobado por la Asamblea Nacional.
Luego de la firma, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inició la flexibilización de las sanciones económicas que impusieron al petróleo venezolano cuando el primer mandato de Donald Trump. Ese mismo día, Rodríguez y Trump hablaron con presencia de Marco Rubio, secretario de Estado.
Pero ¿Cuál es la importancia de esta ley? NBC News detalla permitirá a empresas extranjeras, se entiende que preponderantemente estadounidenses, producir y vender petróleo, liquidando así el monopolio de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ya no controlará los precios sobre el crudo, sino que la compañía privada asumirá la gestión total de las actividades a su propio costo, pero, de acuerdo a la ley, deberá demostrar su capacidad financiera y técnica por medio de un plan de negocios.
Sin embargo, declara que los yacimientos en manos de privados seguirá siendo del estado venezolano. Pero, no solo eso, pues también comprende un arbitraje independiente de disputas, permitiendo la eliminación la obligatoriedad de que los desacuerdos se resuelven, únicamente, en tribunales venezolanos, controlados aun por el partido chavista.
Este marco legal y de garantías eran algo que las empresas petroleras demandaron a Donald Trump para volver a invertir en el petróleo venezolano, ya que muchos, como es el caso de Exxon, quien en la vigente ley se vio desfavorecida contra la estatal venezolana.
Asimismo, también se ha modificado los impuestos de extracción, con un límite de regalías límite del 30 por ciento, pero dando la chance al Poder Ejecutivo de fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad, además de otros factores.
El opositor Antonio Ecarri, miembro de la Asamblea Nacional, pidió al cuerpo legislativo incluir medidas de transparencia y rendición de cuentas a la ley, así como la creación de un portal web donde se haga pública la financiación, en contraste, señaló, con la actual falta de supervisión, la misma que ha propiciado corrupción.
AP recuerda que la última vez que la ley fue modificada data de hace dos décadas, cuando el gobernante de Venezuela era Hugo Chávez, quien aplicó un fuerte control sobre la industria petrolera, sector en el cual se basó su llamada "revolución bolivariana", usando el dinero del petróleo para emprender diversos proyectos como ampliar los servicios sociales, como acceso a vivienda, educación.
El mismo medio recuerda que entre 1999 y 2011 los ingresos estimados alcanzaron unos 981.000 millones de dólares debido, principalmente, por el alza del crudo. Mientras que 2006, una reforma a la ley de la industria petrolera puso a PDVSA como el principal accionista en todos los grandes proyectos petrolíferos, lo que llevó hacia la ruptura de los contratos firmados con empresas extranjeras durante la década de los 90´s.
Con ese marco legal, Chávez procedió a la nacionalización activos inmensos de empresas estadounidenses, principalmente, y occidentales, siendo uno de las más afectados ExxonMobil y ConocoPhillips, ambas están a la espera de recibir miles de millones de dólares en laudo arbitrales.
Pero, lamentablemente, este tipo de políticas condenó el destino de Venezuela al de PDVSA, por lo que cuando los precios del crudo bajaron a nivel mundial, el aumento de la corrupción en el seno del chavismo, así como una gestión pésima basada en criterio políticos y no técnicos llevaron al desastre con ganancias erosionadas, con una producción cada vez más reducida, la cual comenzó con Chávez, pero se acrecentó de forma dramática con Nicolás Maduro.
Por ello, en 2013, Venezuela ya experimentaba una crisis económica que no haría sino agravarse aún más en los años siguientes, forzando a pocos más de 7,7 millones de venezolanos a migrar hacia diversos países alrededor del mundo.