La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tomo la decisión de abrir investigación preliminar contra el mandatario Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión por sus reuniones en Breña con la empresaria Karelim López y los subsiguientes adjudicaciones de contratos en Provias Desencentralizado y Petroperú en la compra de Biodiesel.
Ávalos habría dispuesto la notificación de la resolución respectiva al presidente Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria.
Según fuentes cercanas, la fiscal de la Nación abre la investigación en el marco del artículo 117° de la Constitución Política del Estado y el antecedentes del expresidente Martín Vizcarra. El artículo, establece que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Según la información que tuvo acceso La República, el jefe de Estado será investigado por la relación que pudiera existir entre las visitas que Karelim López realizó a la casa de Breña y las reuniones en Palacio de Gobierno con el exsecretario general Bruno Pacheco, con la posterior adjudicación por parte de Provias Descentralizado de un contrato al Consorcio Puente Tarata III.
Asimismo, se investigará la relación entre las visitas que el empresario Samir Abudayeh realizó a Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre con la decisión que el 28 de octubre tomó Petroperú de comprar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280 mil barriles de biodiésel B100 por 74 millones de dólares. Una de las reuniones en Palacio de Gobierno de Abudayeh con el presidente Castillo coincidió con una visita del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arevalo.