Atención, inmigrantes: esta ciudad de Florida aprueba ley que convierte en delito la residencia de inmigrantes indocumentados

Una ciudad en el estado de Florida ha generado una gran controversia política y social al aprobar una ley que penaliza la residencia de inmigrantes indocumentados. Las sanciones establecidas incluyen 30 días de cárcel para los infractores primerizos y hasta 60 días para aquellos que reincidan. Hay quienes consideran que esta legislación excede lo necesario y se adentra en un ámbito doloroso y simbólicamente provocador.

La ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, ha generado una gran controversia política y social al aprobar la Ley de Aplicación de la Inmigración Ilegal, también conocida como la ordenanza municipal N° 2025-0147. Con una votación de 12 a favor y 5 en contra en el Consejo Municipal, esta legislación no solo establece un precedente a nivel nacional, sino que también ha desatado un profundo debate sobre el balance entre la seguridad pública y los derechos civiles.

Nick Howland, miembro del Consejo Municipal, fue claro al respecto: "Somos la primera ciudad del país en promulgar este tipo de ley", expresó a Fox News Digital. "Estamos alineados con nuestro presidente, nuestro gobernador y nuestra legislatura estatal para asegurar nuestras fronteras, revertir la ola de inmigración ilegal bajo Biden y mantener seguras nuestras calles y barrios", añadió.

El núcleo de la ley se centra en dos aspectos fundamentales: por un lado, convierte en delito local la entrada o residencia de personas sin estatus legal; por otro, otorga a la policía local herramientas adicionales para identificar a estos individuos.

Uno de los elementos clave de la normativa es la adquisición de 25 escáneres móviles de huellas dactilares, financiados con US$76.000 del presupuesto local, que permitirán a las unidades de patrullaje en todo el condado de Duval operar con mayor eficiencia.

Las penas establecidas son claras: 30 días de cárcel para los infractores primerizos y hasta 60 días para los reincidentes. Según Howland, estas sanciones no solo funcionan como castigos, sino como una manera de "dar más tiempo" a las autoridades locales para coordinar posibles deportaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mejorando la efectividad de los procesos migratorios a nivel local.

En 2024, Jacksonville detuvo a 602 inmigrantes indocumentados; de estos, solo 334 fueron enviados al ICE para su deportación. Entre ellos, varios enfrentaban cargos por delitos como agresión, conducción bajo influencia e incluso asesinato y agresión sexual. Para Howland, estas cifras justifican completamente la ley: "Se trata de mantener fuera de las calles a personas que, de otro modo, pondrían en peligro a nuestra comunidad".

La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, fue una de las críticas más destacadas de la ley. Aunque apoyó la adquisición de los escáneres, consideró que la normativa va más allá de lo necesario y entra en un terreno “hiriente y performativo”. Según Deegan, la legislación estatal ya existente es más estricta y suficiente. "No hay nada en este proyecto de ley que no exija ya la ley federal o estatal", expresó en una conferencia de prensa.

Además, recordó que Jacksonville tiene un acuerdo con el ICE desde 2008 y que, desde 2019, las ciudades santuario están prohibidas en Florida. Para ella, la nueva ordenanza no solo resulta redundante, sino que también coloca a los gobiernos locales en un papel que corresponde exclusivamente al ámbito federal, lo que podría generar disputas legales y constitucionales.

Por otro lado, el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, apoyó la ley desde una perspectiva operativa. Según él, su departamento ha sido testigo de las consecuencias directas de las políticas migratorias fallidas y consideró que esta nueva legislación será una herramienta valiosa para garantizar la seguridad de los ciudadanos. "Enviamos un mensaje claro: Jacksonville no será un santuario para los delincuentes que entran ilegalmente en nuestro país", afirmó a Fox News Digital.