Deportado por error y acusado sin pruebas: el caso de Kilmar Ábrego sacude a la comunidad migratoria en EE. UU.

Este jueves, un juez de inmigración en Estados Unidos rechazó la solicitud de asilo de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño cuyo caso se ha convertido en símbolo de la disputa política entre partidos sobre la política migratoria del país.

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Un día antes, el mismo juez en Baltimore también había denegado una petición para reabrir su caso de asilo, presentado originalmente en 2019. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva: Ábrego García dispone de 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. El salvadoreño, quien reside en Maryland desde hace años, tiene esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, aunque ingresó al país de manera irregular siendo adolescente.

Deportación errónea y consecuencias legales

En 2019, Kilmar Ábrego García fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero su petición fue rechazada por haber permanecido en Estados Unidos más de un año sin regularizar su estatus, lo que lo hacía legalmente inelegible. Sin embargo, el juez determinó que no podía ser deportado a El Salvador, ya que enfrentaba un riesgo real de ser atacado por una pandilla que había amenazado a su familia.

A pesar de esa orden judicial, Ábrego García fue deportado por error a El Salvador en marzo, durante la administración del presidente Donald Trump, y recluido en una prisión de mala reputación. Su caso rápidamente se convirtió en un símbolo para los críticos de la política migratoria del expresidente. Tras un fallo de la Corte Suprema, la administración lo repatrió en junio, pero fue acusado de inmediato de tráfico de personas.

Desafíos legales y riesgo de deportación

Ábrego García enfrenta cargos penales en Tennessee relacionados con una infracción de tránsito ocurrida en 2022. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) busca deportarlo a un tercer país, habiendo propuesto inicialmente Uganda y luego Eswatini, un pequeño país del sur de África gobernado por un rey con poder absoluto. Sus abogados han denunciado que tanto los cargos penales como los intentos de deportación son un intento de represalia por su oposición al gobierno.

La petición de Ábrego García para reabrir su caso de asilo representa un riesgo calculado: si se aprueba, podría obtener una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía; pero si es rechazada, un juez de inmigración podría revocar su protección contra la deportación a El Salvador. Esto lo expondría a ser enviado nuevamente al infame Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), donde, según una demanda, fue víctima de severas palizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado rotundamente estas acusaciones.