Duro golpe a inmigrantes: 4 puntos clave para entender la política de Trump que involucra los beneficios públicos que reciben

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para modificar los criterios bajo los cuales se puede negar la residencia permanente a extranjeros que podrían representar una "carga pública" para Estados Unidos. La medida, que busca reinterpretar este concepto de manera más estricta, ha generado preocupación entre defensores de los inmigrantes y expertos en políticas migratorias.

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Según Univision, "la propuesta pretende reinterpretar ese concepto para hacerlo más restrictivo, al contemplar también si el solicitante recibe beneficios como el seguro Medicaid o los 'cupones de alimentos' del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)".

¿Qué implica la reinterpretación de la "carga pública" según Donald Trump?

El DHS propone "derogar la normativa de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública", la cual fue aprobada durante el gobierno de Joe Biden.

Univision cita que el Departamento sostiene que la norma de Biden "no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso (…) y dificulta la capacidad del DHS para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento". La intención es otorgar al gobierno una mayor discrecionalidad para evaluar la autosuficiencia de los inmigrantes.

¿Cómo cambiará la práctica con la nueva norma?

La propuesta incluye todos los beneficios públicos, incluso aquellos que históricamente no se consideraban parte de la prueba de carga pública. Según Univision, esto abarca "beneficios públicos sujetos a verificación de recursos" y se aplicará sin importar si fueron recibidos en el pasado, se reciben en el presente o se planea recibir en el futuro.

Riesgos y objeciones a la propuesta

Activistas y expertos advierten que la medida podría disuadir a los inmigrantes elegibles de solicitar beneficios esenciales.

Univision reporta que Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, afirmó: "Esta peligrosa propuesta pone en riesgo la salud y el bienestar económico de la nación. Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal y a los ciudadanos estadounidenses de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan, y a las que tienen derecho según la ley federal".

Próximos pasos y plazo para comentarios

Por ahora, la medida es solo una propuesta publicada en el Registro Federal, en la que el gobierno describe sus intenciones y solicita comentarios del público. Tras un período de 30 días, el DHS decidirá si adopta, modifica o descarta la norma.