ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ESTE PAÍS en el Caribe comienza a RECIBIR DEPORTADOS bajo criticado acuerdo

Jamaica recibió el primer vuelo con 22 migrantes procedentes de Estados Unidos como parte de un polémico acuerdo bilateral que convierte a esta nación caribeña en un punto de tránsito temporal para personas deportadas. La medida, impulsada durante el gobierno de Donald Trump, genera preocupación entre sectores políticos y sociales por la falta de transparencia sobre sus condiciones y sus posibles efectos en las comunidades locales.

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Jamaica comienza a recibir inmigrantes deportados desde Estados Unidos

El primer grupo llegó el martes al Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston. Según Associated Press (AP), los 22 pasajeros eran adultos, entre ellos siete mujeres. Las autoridades los procesaron y trasladaron bajo escolta policial a un lugar cuya ubicación no fue revelada. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al procedimiento.

La llegada marca el inicio de un memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos gobiernos. El acuerdo establece que los inmigrantes que no sean ciudadanos jamaicanos podrán permanecer temporalmente en Jamaica antes de ser enviados a sus países de origen o a otros países que acepten recibirlos.

El Gobierno jamaicano aseguró que el programa tendrá límites estrictos: un máximo de 25 personas cada dos semanas. Aunque las autoridades no divulgaron la lista de pasajeros ni el horario exacto de llegada, fuentes locales señalaron que buena parte del grupo estaría integrada por ciudadanos sudamericanos.

La iniciativa se suma a otras medidas de deportación de migrantes aplicadas durante la presidencia de Donald Trump, que incluyen el traslado de personas a países como Liberia, Esuatini y Paraguay. Estas políticas han intensificado el debate sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y la legalidad de los acuerdos con terceros países.

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Los ministerios jamaicanos de Seguridad Nacional y Paz, y de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, sostuvieron que el convenio busca facilitar el retorno de los migrantes con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta entidad estará a cargo de la logística y el alojamiento a través de su programa de Retorno Voluntario Asistido.

Las autoridades jamaicanas señalaron que el acuerdo no implicará gastos para el Gobierno y excluirá a migrantes con antecedentes penales, además de contemplar medidas para garantizar un tránsito seguro, ordenado y legal. No obstante, la falta de presentación del memorando ante el Parlamento y la reserva de información sobre su aplicación han generado cuestionamientos de legisladores opositores y defensores de la transparencia.

Fitz Jackson, portavoz de la oposición en materia de seguridad nacional, advirtió que la población tendría que confiar en un documento que considera demasiado opaco y que podría afectar la seguridad, las comunidades y los servicios públicos. Por su parte, Mark Golding, líder de la oposición, pidió al Gobierno que explique qué beneficios concretos obtendrá el país.

La ministra de Relaciones Exteriores, Kamina Johnson Smith, defendió las negociaciones en una publicación en X y afirmó que el Gobierno procuró proteger a Jamaica y a sus ciudadanos. También señaló que Estados Unidos no aceptó hacer público el acuerdo.

Las críticas también alcanzan al ámbito religioso. El obispo Alvin Bailey, representante de una alianza evangélica local, expresó su desconfianza y cuestionó por qué Estados Unidos no envía directamente a los deportados a sus países de origen.

Mientras continúan las controversias, el acuerdo abre un nuevo capítulo en la política de deportaciones de Estados Unidos. Aunque Jamaica insiste en que funcionará únicamente como territorio de tránsito, persisten las interrogantes sobre la supervisión del proceso, la protección de los migrantes y las consecuencias de esta medida para el país caribeño.