Alberto Beingolea podría ir 10 años a prisión por asesoría al Gobierno Regional del Callao

Alberto Beingolea atraviesa un camino complicado con la justicia. El reconocido periodista peruano, que tuvo un breve paso por la política es investigado por la Fiscalía que solicitó 10 años de prisión por su asesoría al Gobierno Regional del Callao.

Como se recuerda, el también comentarista para la cadena de Gol Perú fue exgerente del G.R. C. y estaría habría cumplido con el delito de colusión agravada. Él es investigado por unas asesorías a esta entidad edil y presuntamente no contar con los requisitos para ello.

Jean D’Laura Quintana de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao es el encargado de la investigación sobre Beingolea.

Cabe resaltar que esta indagación se dio a partir de una investigación en forma de reportaje del semanario 'Hildebrandt en sus Trece', el cual reveló que  Alberto Beingolea tuvo contrataciones  por S/90.000.

El comunicador rechaza las acusaciones en su contra. Así lo hizo cuando fue cuestionado en una entrevista con RPP. "Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Esta celeridad (de parte del Ministerio Público) no es habitual", declaró efusivamente.

En diálogo con La República, Juan Carlos Portugal, abogado de Alberto Beingolea se pronunció al respecto. "El juez nos ha comunicado 10 días para que observemos la acusación y presentemos nuestras pruebas. Ahí se ha presentado el registro de visitas de Alberto Beingolea en la orden de servicio, así como los informes que justifican que el trabajo que efectuó no son informes fantasmas".

Inclusive, el representante legal de Beingolea precisó que habría un trasfondo de esta investigación. "Esta información obedece claramente a un contexto en el cual Alberto Beingolea está asumiendo un rol protagónico como vocero de Gol TV frente a una discusión con la Federación Peruana de Fútbol, que finalmente está transcendiendo a estos niveles para generar un mecanismo de presión hacia el Poder Judicial".