Una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de salud sexual en California solicita apoyo financiero para evitar el cierre de sus centros.
Planned Parenthood, liderada por Jodi Hicks, es una organización que provee y defiende el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos. Sin embargo, una propuesta presupuestaria promovida por legisladores republicanos en el Congreso podría afectar seriamente su labor, al plantear la eliminación de fondos federales destinados a proveedores de servicios de aborto y planificación familiar.
Fabiola de Liban, integrante del Programa Nacional de Derecho de la Salud, se pronunció tras la propuesta de prohibir que los fondos federales de Medicaid se destinen a ciertas entidades restringidas. "Este es un ataque deliberado. Solo les faltaba añadir: si tu organización rima con madera", declaró con ironía. La medida apunta a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de planificación familiar y aborto, y que reciben más de 800,000 dólares anuales del gobierno federal.
Esta crítica se produjo mientras Planned Parenthood lanza una campaña de emergencia para obtener apoyo financiero en estados demócratas como Nueva York, Massachusetts y California. En este último, existe el riesgo de que aproximadamente 115 sedes cierren si se aprueba la normativa federal. La presidenta de la organización, Jodi Hicks, informó que ya se han comunicado con el gobernador Gavin Newsom para solicitar más de 25 millones de dólares, con el fin de mantener operativas esas sedes. Según explicó, las conversaciones están en curso y buscan una solución a corto plazo que evite interrupciones en los servicios, mientras se diseña una estrategia a largo plazo.
Recientemente, Planned Parenthood libró una batalla presupuestaria en la que logró preservar 500 millones de dólares en fondos federales. Al respecto, Jodi comentó: "En un año normal, eso sería fantástico; lo consideraríamos una victoria. Desafortunadamente, al mismo tiempo tenemos que planificar para la posible eliminación de fondos a nivel federal".
En Oregón y Massachusetts, ya se han presentado apelaciones contra la normativa, advirtiendo que la pérdida del acceso a la facturación de Medicaid podría provocar el cierre inmediato y permanente de varias clínicas. En Nueva York, en tanto, se solicitó apoyo financiero de emergencia a la gobernadora Kathy Hochul, pero no se obtuvo una respuesta favorable. Por el contrario, desde su oficina informaron que se pronunciarán una vez que los recortes federales sean aprobados.