En el Día de la Independencia de EE. UU., Donald Trump firmó un paquete de reformas que impactarán diversas áreas del país americano. AQUÍ los detalles.
En el Día de la Independencia de Estados Unidos, el mandatario Donald Trump confirmó la implementación de su ambicioso plan para reestructurar diversos sectores del país. Esta nueva normativa traerá importantes cambios que impactarán directamente a inmigrantes, beneficiarios de programas sociales y alimentarios, así como a áreas sensibles como el sistema tributario y la educación universitaria.
A continuación, te presentamos cuatro aspectos clave que los inmigrantes indocumentados deben conocer y cómo estos podrían influir en su situación actual.
Adultos mayores, estudiantes, contribuyentes, niños y otros sectores (tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses) deberán estar atentos a los cambios que se implementarán con este dictamen firmado por el mandatario. En este apartado te explicamos lo que necesitas saber para comprender su alcance.
Muchos inscritos en Medicaid se verán perjudicados ya que se impondrán nuevos requisitos. Uno de ellos es que solo ciertas personas, que trabajen entre 19 y 64 años e inscritos en el programa deberán trabajar, hacer voluntariado, asistir a la escuela o participar en capacitación laboral mínimo 80 horas al mes. Esto aplica a padres de niños de 14 años a más.
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) también enfrentarán cambios: deberán trabajar para seguir recibiendo los beneficios, ya que muchos estados tendrán que cubrir parte del costo. Esto podría llevar a una reducción en la ayuda otorgada e, incluso, a que algunas personas queden excluidas del programa.
Con la firma de estas normas, Donald Trump contará con 150.000 millones de dólares para reforzar las deportaciones masivas. De ese monto, 46.500 millones se destinarán a la construcción de 700 millas de muro en la frontera, 900 millas de barreras fluviales, 629 millas de barreras secundarias y 141 millas de barreras para vehículos y peatones. Además, se asignarán 45.000 millones a la ampliación de centros de detención de inmigrantes, con el objetivo de albergar hasta 100.000 personas por día.
Parte de esta inversión también se destinará a la contratación de 18.000 nuevos agentes migratorios. La ley estipula, además, que se autoriza la deportación sin audiencia judicial, se aplicará un impuesto del 3.5% al 5% sobre las remesas enviadas por indocumentados a sus países de origen y se les prohibirá que accedan a programas como Medicaid, Medicare y los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Se impondrían nuevos topes al monto que los estudiantes de posgrado soliciten en préstamos federales, así como también restricciones sobre cuánto dinero pueden pedir prestado los padres para cubrir los costos universitarios. Además, se reducirían las opciones para aplazar o suspender los pagos, y se limitarían los préstamos disponibles para estudiantes que estudian a tiempo parcial. Las alternativas de pago serían más restringidas, alejándose de los programas de condonación de deuda estudiantil implementados durante la administración Biden.
En el caso de las universidades privadas, estas instituciones deberán pagar un impuesto del 1.4 % sobre los ingresos generados por sus fondos patrimoniales. Esta tasa podría aumentar hasta un máximo del 8 % para aquellas instituciones que posean fondos patrimoniales superiores a los 2 millones de dólares por alumno matriculado, como es el caso de Harvard, Yale, Stanford, MIT y Princeton.
Los adultos mayores recibirían una deducción fiscal adicional de US$ 6.000 entre 2025 y 2028, aunque se eliminaría para quienes superen ciertos ingresos. Este alivio sustituye la promesa de eliminar impuestos al Seguro Social. Sin embargo, recortes a Medicaid podrían afectar a mayores de bajos ingresos, quienes perderían cobertura y beneficios clave, como cuidados prolongados y dentales.