Es oficial: Gavin Newsom firmó esta ley en 2024 y recién se hará efecto en septiembre de este año, ¿cuál es?
El gobernador de California aprobó esta ley y comenzará a aplicarse en 2025. Tendrá impacto en los estudiantes de escuelas y universidades privadas.
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En septiembre de 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó varias leyes que se aplicarían de inmediato. Sin embargo, algunas de ellas entrarán en vigencia recién en septiembre de 2025. Una de estas normas afecta el proceso de selección a la hora de admitir a los estudiantes en diferentes escuelas y universidades privadas.
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Ley AB 1780
Esta legislación, presentada por el funcionario demócrata de San Francisco, Phil Ting, establece claramente que los colegios y universidades privadas no deben otorgar preferencias por legado ni por donaciones a ningún postulante durante su proceso de admisión regular o anticipada. Estas se explicarán en las siguientes líneas.
Datos de medios locales señalan que hay 150 universidades manejados por entes privados. Foto: AP
La preferencia de pago se refiere a considerar la relación del solicitante con exalumnos de la institución. Esto incluye solicitar información sobre dónde estudiaron sus familiares y utilizarla en la evaluación. La ley establece que esta práctica solo estará autorizada para fines distintos al proceso de selección.
Con respecto a la preferencia por donantes, señalan que se debe considerar la relación de un solicitante con donantes o contribuyentes de la universidad como un factor. Esto incluye solicitar a los aspirantes que indiquen si algún familiar realizó contribuciones a la institución. Y el ámbito de aplicación afecta a todas las instituciones educativas privadas sin fines de lucro que otorguen títulos de pregrado o posgrado, acreditadas por agencias reconocidas por el Departamento de Educación de Estados Unidos, y que reciban beneficios de asistencia financiera del estado o inscriban a estudiantes que los reciban.
Impacto en los centros universitarios
Todos los centros educativos deberán realizar ajustes para cumplir con el dictamen a partir de septiembre de 2025. Están obligados a revisar sus procesos internos, criterios de evaluación y asegurar que los aspirantes sean valorados por méritos académicos, habilidades y desempeño personal. El objetivo de la norma es reducir los sesgos que favorezcan a quienes provengan de familias con recursos o tengan conexiones con la institución.
En palabras de Gavin Newsom, "busca asegurar que las decisiones de admisión se basen en méritos y no en relaciones personales". Esto establece un precedente en la fiscalización estatal de los procesos universitarios, un sector que históricamente había sido influenciado por familias de prestigio y donaciones.
