Mildred Rodríguez, defensora de la Ley de Ajuste Venezolano, viajó a Washington D.C. para reforzar el respaldo del Congreso y promover la iniciativa.
La comunidad venezolana en Estados Unidos sigue de cerca los avances del proyecto de Ley de Ajuste Venezolano, una iniciativa diseñada para brindar a los ciudadanos venezolanos que llegaron al país antes de 2022 un camino hacia la regularización migratoria permanente. Apoyada por legisladores de ambos partidos, la propuesta ha sido presentada en varias ocasiones ante el Congreso, pero todavía no se ha convertido en ley.
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El proyecto H.R. 1348, conocido como Ley de Ajuste Venezolano, fue reintroducido en la Cámara de Representantes el 13 de febrero de 2025 por la congresista republicana María Elvira Salazar, junto con los congresistas demócratas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, todos de Florida.
Desde entonces, la propuesta ha sido enviada al Comité Judicial de la Cámara, donde se encuentra en la etapa de revisión inicial con estatus de "introducido". Esto significa que aún debe pasar por varias fases antes de poder convertirse en ley.
Para fortalecer el apoyo, los promotores han señalado que las llamadas telefónicas a los congresistas son la acción más efectiva. Mildred Rodríguez, defensora de la Ley de Ajuste Venezolano, ha recomendado un guion breve, de menos de 40 segundos, para expresar respaldo, dejando de lado otras formas de comunicación, como cartas o correos electrónicos.
El objetivo principal del proyecto es ofrecer un camino hacia la residencia permanente legal a los venezolanos que cumplan con requisitos específicos, especialmente a quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2021 y han mantenido residencia continua en EE. UU. La iniciativa también establece criterios claros sobre elegibilidad, permanencia y condiciones de exclusión para quienes no puedan optar al beneficio.
Si la ley es aprobada, se estima que cerca de 400 mil venezolanos podrían acceder a la residencia permanente, lo que les permitiría trabajar legalmente, recibir beneficios sociales y eventualmente solicitar la ciudadanía. El proceso incluye la aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado, seguido de la firma presidencial, y los beneficiarios tendrían hasta tres años para presentar sus solicitudes.