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FinCEN ampliará la vigilancia de compras en efectivo y propiedades sin financiamiento, afectando a quienes realicen transacciones sensibles en EE.UU.
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El Gobierno federal lanzó una actualización clave que cambiará la forma en que se rastrean las compras al contado en territorio estadounidense, especialmente aquellas vinculadas a operaciones sensibles. Con esta medida, las autoridades buscan identificar con mayor precisión a las personas que realmente están detrás de transacciones hechas en efectivo y evitar que sean usadas para fines irregulares. Aunque la normativa completa aún no entra en vigor, ya se ordenó aplicar controles adicionales desde ahora para preparar el nuevo sistema que arrancará en 2026.
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¿Quiénes estarán bajo vigilancia por sus compras en efectivo?
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) anunció la ampliación de las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs), normativas que obligan a revelar la identidad de los verdaderos propietarios detrás de empresas usadas para adquirir propiedades sin financiamiento. La renovación regirá desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2028.
Propiedades al contado estarán bajo mayor vigilancia federal.
Esta actualización se da mientras el Gobierno retrasa la entrada en vigor de la regla nacional contra el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias residenciales, prevista ahora para marzo de 2026.
¿Qué compras podrían investigarte?
Si realizas operaciones al contado, estas son las que podrían activar una revisión federal:
- Propiedades compradas totalmente en efectivo.
- Transacciones hechas a través de empresas pantalla o estructuras difíciles de rastrear.
- Operaciones que lleguen al umbral federal fijado por FinCEN.
¿En qué partes del país se aplicarán estas investigaciones?
El mapa de vigilancia se mantiene, pero ahora incorpora zonas con mayor volumen de operaciones inmobiliarias sensibles. Entre las áreas incluidas están:
- California, Florida, Nueva York, Texas, Nevada, Massachusetts, Washington, Illinois, Colorado, Connecticut, Maryland, Virginia, Hawái y el Distrito de Columbia.
En la mayoría de estas jurisdicciones, el umbral sigue siendo de $300,000, salvo en Baltimore, donde es de $50,000. Según FinCEN, estos datos permiten detectar patrones de redes ilícitas y reforzar la supervisión federal sobre el mercado inmobiliario.
