DURAS NOTICIAS para inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios: Trump evalúa restringir su acceso a la Green Card

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, ha propuesto una serie de cambios en la política migratoria que podrían endurecer significativamente los requisitos para obtener la Green Card. En el centro de la controversia se encuentra la definición de "carga pública" y los subsidios gubernamentales que un inmigrante recibió o podría recibir, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos de los migrantes.

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Donald Trump evalúa restringir el acceso a la Green Card para inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone eliminar la regla establecida en 2022, durante la administración de Biden, que establecía los criterios para determinar si un inmigrante es considerado una "carga pública".

Según el nuevo borrador, la agencia señala que la normativa vigente "no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso (…) y dificulta la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en el futuro".

Entre los cambios más polémicos se encuentra la incorporación explícita de dos beneficios que antes no se consideraban en el análisis: la cobertura de Medicaid y los cupones de alimentos del programa SNAP. Si las autoridades migratorias concluyen que un aspirante a la Green Card tiene altas probabilidades de depender de estos apoyos en el futuro, podrían declararlo inadmisible y rechazar su solicitud de residencia.

Además, en ciertos casos se otorgaría mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de evaluar las solicitudes. Si una persona cumple con todos los demás requisitos pero se considera un riesgo por carga pública, podría aun así obtener la tarjeta verde al presentar una fianza que garantice que no se convertirá en un dependiente público.

Impacto de recibir beneficios públicos para inmigrantes en Estados Unidos

Activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes han reaccionado con preocupación. El plan también contempla el análisis de los apoyos recibidos en el pasado o de los activos que posea el solicitante, no solo de los que pudiera solicitar en el futuro. Esto, según sus detractores, podría generar un efecto disuasorio, llevando a que muchos inmigrantes legales dejen de solicitar las ayudas a las que tienen derecho.

Como advirtió Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes: "Al generar caos y confusión, se disuade a los inmigrantes con estatus legal de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y que les corresponde según la ley federal".

También existe preocupación por la arbitrariedad: con mayor poder discrecional, distintos funcionarios podrían aplicar criterios económicos diferentes, lo que podría derivar en decisiones inconsistentes o incluso discriminatorias. Además, se teme que la nueva política abra la puerta a cambios internos más agresivos mediante directrices con poca transparencia.

El proyecto fue publicado el 19 de noviembre en el Registro Federal y ha entrado en una fase de consulta pública, durante la cual se espera recibir opiniones de la sociedad civil. Sin embargo, las autoridades no están obligadas a aceptar todos los comentarios. Tras este período de 30 días, la secretaria Kristi Noem decidirá si adopta, modifica o rechaza la propuesta.