California aprobó una ley que permite edificios más altos cerca del transporte público desde 2026, generando choque entre el estado y gobiernos locales.
California aprobó una reforma urbanística que sacude las reglas tradicionales de desarrollo. La nueva norma, firmada por el gobernador Gavin Newsom, elimina trabas locales y permite levantar edificios más altos en zonas estratégicas cercanas al transporte público. La medida, que entra en vigencia en julio de 2026, ya generó fuertes tensiones entre autoridades estatales y gobiernos locales.
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La SB 79, impulsada por el senador Scott Wiener, autoriza la construcción de edificios de hasta 75 pies aproximadamente siete pisos dentro de áreas cercanas a estaciones de tren, metro, tranvía y corredores de autobuses rápidos. Su objetivo central: que más residentes vivan a pasos del transporte público y dependan menos del automóvil, al tiempo que se intenta aliviar la crisis de vivienda del estado.
Nueva ley cambia reglas de vivienda en zonas cercanas al transporte.
El impacto será mayor en los ocho condados que cumplen con el requisito clave: contar con al menos 15 estaciones ferroviarias o guiadas. Entre ellos:
En zonas ubicadas a menos de un cuarto de milla de estaciones de Amtrak, Metro LA o BART, se habilita la altura máxima permitida. A media milla, también habrá flexibilización, aunque con límites más bajos. Tras varios años de resistencia local y tres proyectos archivados, la ley finalmente avanzó tras 13 enmiendas que alinearon los votos necesarios. Desde 2026, el control sobre la altura y densidad en estas áreas ya no recaerá únicamente en los gobiernos locales, lo que ha encendido críticas por la pérdida de autonomía municipal.
La SB 79 llegó acompañada de un paquete de leyes que cambia otras reglas clave:
Aunque la SB 79 busca aumentar la oferta de vivienda y reducir la dependencia del automóvil, expertos advierten que los cambios en la densidad y la regulación podrían elevar el valor del suelo en zonas cercanas al transporte público. Esto podría traducirse en alquileres más altos y mayor presión económica para comunidades inmigrantes que ya enfrentan dificultades para acceder a viviendas asequibles.
Asimismo, organizaciones comunitarias señalan que la pérdida de control de los gobiernos locales podría limitar la capacidad de cada ciudad para proteger a sus residentes más vulnerables. Si no se diseñan programas de vivienda accesible en paralelo, la norma podría incentivar nuevos desarrollos que no necesariamente beneficien a las familias de menores ingresos.