Un cambio regulatorio busca evitar que pastores, sacerdotes y otros trabajadores de fe queden fuera del país durante años.
Una nueva decisión del Gobierno federal podría aliviar uno de los cuellos de botella migratorios más largos que enfrentan las comunidades religiosas en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció ajustes normativos que permitirán acortar los tiempos de espera de visa en el exterior para trabajadores religiosos extranjeros.
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La medida está dirigida a personas que desempeñan funciones esenciales dentro de congregaciones del país, como pastores, sacerdotes, monjas, imanes y rabinos, muchos de los cuales enfrentaban demoras de varios años para avanzar hacia la residencia permanente.
Pastores, sacerdotes y líderes de fe tendrán menos demoras migratorias.
Hasta ahora, numerosos líderes religiosos debían salir obligatoriamente de Estados Unidos mientras aguardaban la resolución de sus trámites migratorios, lo que provocaba:
Con este cambio, el DHS busca reducir esas ausencias forzadas y garantizar mayor continuidad en las labores religiosas.
El anuncio llega en un contexto de endurecimiento de varias vías migratorias, lo que convierte esta decisión en una excepción relevante. Según el organismo, la prioridad es proteger la libertad religiosa y evitar que comunidades enteras se vean afectadas por retrasos administrativos.
“Estas funciones son fundamentales para la vida social y espiritual del país”, señaló el DHS al justificar la modificación de la norma.
Abogados y representantes religiosos celebraron el anuncio. Especialistas en inmigración coincidieron en que el cambio puede evitar que iglesias y templos pierdan a sus líderes durante largos periodos, algo que hasta ahora representaba una carga insostenible.
Organizaciones católicas y asesores legales de distintas diócesis calificaron la decisión como un avance clave para proteger servicios religiosos esenciales y mantener activos programas educativos y comunitarios.
El DHS indicó que continuará evaluando ajustes similares para evitar impactos innecesarios en sectores considerados críticos.