Una nueva norma federal amplía el uso de biometría facial y permitirá identificar a extranjeros durante décadas cada vez que intenten viajar a Estados Unidos.
A partir del 26 de diciembre, Departamento de Seguridad Nacional pondrá en marcha una política que marca un antes y un después en los controles migratorios. La medida obliga a registrar y conservar información biométrica de todos los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos, como parte de un refuerzo integral de la seguridad nacional.
El nuevo esquema amplía el uso de reconocimiento facial y tecnología avanzada de verificación de identidad en aeropuertos, pasos terrestres y puertos marítimos. El objetivo es detectar de forma anticipada a personas consideradas de riesgo, como individuos con antecedentes criminales, sospechas de terrorismo o extranjeros que ya fueron deportados y buscan reingresar.
No ciudadanos serán identificados cada vez que intenten ingresar a EE. UU.
Uno de los puntos más sensibles de la normativa es el tiempo de conservación de la información. En el caso de los ciudadanos estadounidenses, la participación en el sistema biométrico será voluntaria y las imágenes captadas se eliminarán en un máximo de 12 horas. Sin embargo, para los no ciudadanos, las fotografías y datos faciales podrán almacenarse hasta por 75 años.
Esto significa que cualquier extranjero quedará plenamente identificable durante décadas cada vez que intente ingresar al país, incluso si no existe ninguna irregularidad en su historial migratorio.
Según explicaron autoridades de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la biometría permitirá:
El sistema está diseñado para verificar la identidad del viajero antes de autorizar su ingreso y bloquear automáticamente el acceso cuando se considere una amenaza para la seguridad nacional.
La normativa elimina beneficios especiales que existían hasta ahora. Desde su entrada en vigor, todos los no ciudadanos, incluidos diplomáticos y ciudadanos canadienses, estarán sujetos a estos controles biométricos sin excepción.
Con esta decisión, Estados Unidos consolida uno de los sistemas de vigilancia migratoria más extensos del mundo, una medida que genera preocupación entre defensores de la privacidad, pero que el gobierno considera clave para blindar sus fronteras.