ALERTA, inmigrantes: Gobierno de EE. UU. se niega a permitir el regreso de estudiante deportada a Honduras y descarta otorgarle visa por ser "inviable"
El Gobierno de EE.UU. rechazó permitir el regreso de Any Lucía López Belloza, pese a que un juez reconoció que su deportación violó una orden judicial.
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El Gobierno del presidente Donald Trump afirmó este viernes que es “inviable” otorgar una visa a la estudiante universitaria Any Lucía López Belloza para que pueda regresar a Estados Unidos, pese a que un juez federal recomendó facilitar su retorno tras reconocer que su deportación violó una orden judicial de emergencia.
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La joven, de 19 años y estudiante de la Universidad de Babson, en Massachusetts, fue deportada a Honduras luego de un “error” admitido por la propia Administración, que permitió su expulsión del país a pesar de que existía una orden judicial que prohibía expresamente sacarla de territorio estadounidense durante al menos 72 horas.
Detención en el aeropuerto y deportación pese a orden judicial
López Belloza fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston, cuando intentaba viajar a Texas para sorprender a su familia por el feriado de Acción de Gracias. Dos días después, el 22 de noviembre, fue enviada a Honduras, a pesar de que un juez había emitido una orden de emergencia el día 21 para que permaneciera en Estados Unidos.
A mediados de enero, la Administración Trump reconoció ante una corte que la deportación se produjo por un “error”, lo que llevó al juez federal Richard Stearns, del distrito de Massachusetts, a exigir al Gobierno que explicara cómo pensaba corregir lo ocurrido.
El Gobierno rechaza otorgarle una visa
En respuesta al plazo fijado por el magistrado, un abogado del Departamento de Justicia sostuvo en un escrito que concederle una visa estudiantil a López Belloza es “inviable”, argumentando que la joven “no parece reunir los requisitos” necesarios para obtenerla.
Además, el Gobierno se negó a facilitar su regreso a Estados Unidos al señalar que, aunque reconoce una “infracción involuntaria” de la orden judicial, la estudiante estaba sujeta a una orden definitiva de expulsión y, en caso de volver al país, “seguiría estando sujeta a detención y expulsión”.
El caso ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los procesos migratorios y el alcance real de las órdenes judiciales de emergencia, especialmente en situaciones que involucran a estudiantes y migrantes jóvenes que se encontraban en el país de forma regular.
