Las cambios podrían reducir entre US$1 y US$3 por hora lo que pagan los empleadores, perjidicando los ingresos de los trabajadores en algunos estados.
El Departamento de Trabajo (DOL) de Estados Unidos modificó la política del salario mínimo aplicable al programa de visas H-2A, lo que implica una disminución en los costos laborales para los empleadores del sector agrícola que contratan trabajadores bajo este sistema. Esta medida ha suscitado un debate entre sindicatos y diversas organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Los cambios, anunciados el 2 de octubre del 2026, se justifican por la dificultad de encontrar mano de obra legal disponible y el cese casi total de la afluencia de trabajadores extranjeros ilegales, lo que perjudica la producción agrícola y la estabilidad de los alimentos en EE. UU.
Bajo esta nueva regulación, el DOL utilizará únicamente la encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) para determinar la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR). El salario se calcula según el mercado, estado y nivel de habilidad del trabajador:
El DOL reduce ingresos a un grupo de trabajadores en EE. UU. y beneficia a sus empleadores.
Otra modificación clave es el Ajuste de Compensación Adversa H-2A, que permite a los empleadores reducir la tarifa horaria de los trabajadores que reciben vivienda gratuita, disminuyendo los salarios entre US$1 y US$3 por hora, lo que implica ingresos reducidos de hasta US$13,45 por hora en algunos estados.
Según el DOL, esta reducción permitirá aumentar la disponibilidad de visas H-2A y contratar hasta 119.000 trabajadores adicionales, pasando de 383.000 a 502.000 empleados proyectados. Los cambios también crean oportunidades para nuevos trabajadores que de otro modo no podrían acceder a empleo agrícola legal.
Sin embargo, sindicatos como la Unión de Campesinos de América (UFW) han criticado duramente las modificaciones. Teresa Romero, presidenta del sindicato, señaló que estas medidas desplazan a trabajadores nacionales y exponen a la nueva mano de obra a abusos. Además, estudios estiman que los recortes salariales implican una pérdida de US$2.000 millones anuales para los trabajadores.