Texas ha decidido implementar medidas que limitan el acceso de inmigrantes ilegales a la educación, el trabajo y las licencias de conducir. ¿Cuáles son?
En estos meses, los republicanos en Texas han impactado a la comunidad al implementar reformas normativas y legales que han impactado en la vida de las personas sin ciudadanía. Estos cambios han restringido la obtención de permisos de conducir comerciales y están afectando la posibilidad de acceder a tarifas de matrícula para residentes en instituciones de educación superior, entre otros.
‘Univisión’ compartió más detalles sobre estas últimas actualizaciones, las cuales están generando un impacto considerable en la vida de 1,7 millones de personas ilegales en Texas, así como en miles de refugiados y beneficiarios de estatus legal protegido, como los del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Según los informes, hasta el momento, más de 6.400 refugiados y beneficiarios de DACA han visto revocados sus permisos de conducir comerciales, y se anticipa que un número mucho mayor de no ciudadanos perderá la capacidad de trabajar en sectores que requieren licencias.
Al respecto, las nuevas regulaciones han generado un clima de temor e incertidumbre, tal como han señalado abogados y defensores de los derechos de inmigrantes.
Corinne Kentor, de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, señaló que “todo esto representa un cambio más amplio y coordinado para crear una cadena de exclusión que va desde la restricción del acceso a la educación primaria y secundaria hasta la participación en el mercado laboral y la movilidad básica por el estado”.
Para muchos representantes del partido republicano, este enfoque parece ser el objetivo deseado. Ahora, se siguen revisando el cambio de ciertas leyes y políticas con el fin de eliminar los beneficios y servicios que habían convertido a Texas en un estado más acogedor para los no ciudadanos.
Bajo este contexto, Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló que las prestaciones, licencias y servicios financiados por los contribuyentes no deben ser empleados para fomentar la presencia ilegal en detrimento de los trabajadores tejanos.
A través de un comunicado, Mahaleris aseguró que estas acciones aseguran el cumplimiento de la legislación federal, resguardan la integridad de los sistemas y priorizan los empleos y recursos para los residentes legales y ciudadanos.