ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: empleadores son OBLIGADOS a pagar a INDOCUMENTADOS el salario MÍNIMO exigido por la ley estatal

La Corte Suprema de Nueva Jersey dictaminó por unanimidad que todos los empleadores deben asegurar a sus trabajadores el pago del salario mínimo estatal, sin que su estatus migratorio sea un factor. Esta decisión se produce después de la implementación de una norma federal que limita la contratación de personas con situación migratoria irregular.

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Empleadores son obligados a pagar a ilegales el salario mínimo exigido por la ley estatal en EE. UU.

'North Jersey' y otros medios compartieron la última medida que tomó la Corte Suprema de este estado. La decisión, expuesta en 34 páginas y elaborada por el Presidente de dicha corte, Stuart Rabner, expuso el caso de un inmigrante ilegal de Newark que laboró como superintendente en una empresa inmobiliaria por más de tres años sin ninguna remuneración.

Este fallo revoca las resoluciones de instancias inferiores que favorecían al empleador. Rabner subrayó que “si un empleador contrata a un trabajador indocumentado en violación de la ley federal, está obligado a compensarlo de conformidad con la ley estatal por el trabajo que efectivamente realiza”. Con ello, se confirmó la nueva normativa a favor de este grupo.

Según los informes, la Corte ha devuelto el caso al tribunal de primera instancia para que se determine la indemnización correspondiente al empleado.

Bajo este contexto, el magistrado mencionó que la Ley de Salarios y Horas de Nueva Jersey y la Ley de Pago de Salarios no excluyen a los inmigrantes ilegales de su aplicación. Permitir que los empleadores contraten a trabajadores migrantes sin remunerarlos contradice el propósito de la legislación federal de inmigración, sentenció.

El caso de Sergio López

Sergio López era trabajador indocumentado que fue contratado en junio de 2015 por Mike Ruane, dueño de Marmic, una empresa dedicada al sector inmobiliario. López desempeñaba funciones como superintendente en dos edificios de la compañía en Newark.

No obstante, poco después de su contratación, Ruane se percató de que el número de Seguro Social proporcionado por López era inválido. Ante esta situación, el propietario decidió suspender el pago del salario acordado de $400 semanales, ofreciéndole en su lugar la opción de residir sin costo en un apartamento ubicado en uno de los sótanos de los edificios.

En 2018, López, quien laboraba entre 37 y 60 horas a la semana, presentó una queja ante el Departamento de Trabajo del estado, lo que resultó en una multa de $750 para Ruane, aunque finalmente se llegó a un acuerdo por $250. Tras ser despedido en diciembre de 2018, López interpuso una demanda contra Marmic en septiembre de 2019.

Pese a ello, un tribunal rechazó sus reclamaciones, argumentando que su credibilidad se veía afectada por haber mentido en su solicitud de empleo. Posteriormente, un tribunal de apelaciones ratificó esta decisión, señalando que, debido a su estatus migratorio, “no podía existir una relación laboral entre las partes”.