Una visita legislativa a un centro de detención de ICE en Texas generó denuncias sobre el trato a familias migrantes y pedidos urgentes para su cierre.
Un nuevo foco de tensión política y humanitaria se abrió en Estados Unidos, en Texas, luego de que un grupo de legisladores demócratas realizara una inspección al centro de detención de ICE en Dilley, una instalación clave del sistema migratorio del país. La visita, encabezada por la congresista Adelita Grijalva junto con Joaquín Castro y otros representantes, terminó con denuncias de trato inadecuado, llamados al cierre del recinto y testimonios de familias migrantes que, según los legisladores, reflejan un patrón preocupante dentro del sistema de detención en el sur de Texas.
La reciente visita al centro de detención de ICE en Dilley, Texas, encendió las alarmas entre legisladores demócratas que recorrieron las instalaciones este 5 de mayo. Tras la inspección, la congresista Adelita Grijalva y sus colegas exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la liberación inmediata de las familias retenidas en dicho centro, al que calificaron como un espacio con condiciones inaceptables.
Durante la conferencia de prensa posterior, en la que participaron organizaciones civiles como FWD y Families Belong Together, los legisladores denunciaron lo que describen como un patrón recurrente en distintos centros de detención del país: hacinamiento, falta de atención adecuada y un trato que consideran incompatible con la dignidad humana.
Uno de los puntos más sensibles de la visita al centro de detención del ICE en Texas fueron los testimonios directos de las familias. La congresista Grijalva relató el caso de Mayra, una madre detenida tras presentarse ante la justicia junto a su hijo de 13 años, mientras su bebé permanece en cuidados intensivos sin información clara sobre su estado.
También se conocieron los casos de Gabriel, quien cruzó la frontera en busca de asilo junto a su hijo adolescente, y de José, detenido con su hijo Ezequiel, un menor que enfrenta un problema cardíaco. Estas historias fueron utilizadas por los legisladores como ejemplo del impacto humano que genera el sistema de detención migratoria del ICE en Estados Unidos, particularmente en Texas.
Además de los testimonios, los congresistas apuntaron directamente contra el modelo de gestión privada del centro de detención del ICE en Estados Unidos, en particular contra la empresa CoreCivic, operadora del centro de Dilley. Según los legisladores, la compañía recibe alrededor de US$15 millones mensuales para administrar la instalación.
La congresista Grijalva sostuvo que el funcionamiento de estos centros evidencia un problema estructural dentro del sistema migratorio: "Desde Arizona hasta Texas vemos el mismo patrón de negligencia y trato inhumano", afirmó. También cuestionó el uso de recursos públicos en estos recintos, al señalar que esos fondos podrían destinarse a educación o salud en lugar de sostener el sistema de detención migratoria.
El centro de Dilley, uno de los más grandes del país, tiene capacidad para unas 2.400 personas, aunque actualmente alberga cerca de 400. Aun así, su costo operativo se mantiene elevado, lo que ha intensificado el debate sobre el futuro de los centros de detención del ICE en Estados Unidos y su rol dentro de la política migratoria federal.