Una medida federal aumenta la preocupación entre inmigrantes indocumentados por el endurecimiento de los requisitos bancarios para acceder a créditos.
La política migratoria de Estados Unidos suma un nuevo capítulo con impacto en el sistema financiero. La administración de Donald Trump anunció nuevas directrices dirigidas a los bancos estadounidenses y otras entidades financieras para reforzar la revisión de los clientes que solicitan préstamos y créditos, especialmente en los casos de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos sin autorización laboral.
Trump implementa una medida para vigilar cuentas y movimientos financieros de inmigrantes en EE. UU.
De acuerdo con información de Associated Press (AP), los reguladores financieros estadounidenses buscan recordar a las instituciones sus obligaciones de "conozca a su cliente" y promover una evaluación más rigurosa del riesgo relacionado con prestatarios sin estatus legal. La medida no ordena el cierre de cuentas ni el rechazo automático de servicios financieros, pero incrementa la presión sobre los bancos para revisar con mayor detalle este tipo de operaciones.
La nueva orientación será emitida por tres organismos reguladores: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Estas instituciones indicaron que los bancos deben considerar los posibles riesgos asociados con las personas que podrían enfrentar una deportación y que, como consecuencia, podrían tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
Según explicó Associated Press, "las agencias indicaron que los bancos deberían tener en cuenta que las personas que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular podrían no estar en condiciones de reembolsar un préstamo en caso de deportación". Con base en ese argumento, los reguladores plantean que los trabajadores sin autorización migratoria podrían representar un factor de riesgo en la evaluación crediticia.
Las recomendaciones buscan que los bancos en Estados Unidos y otras entidades financieras fortalezcan sus procesos para identificar, evaluar y controlar riesgos antes de aprobar préstamos o créditos. Sin embargo, las autoridades no establecieron una prohibición directa que impida a los inmigrantes indocumentados acceder al sistema financiero.
La medida llega después de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, en la que se solicitó a los organismos gubernamentales analizar con mayor profundidad la ciudadanía y el estatus migratorio de quienes utilizan servicios financieros. Desde entonces, el gobierno ha impulsado cambios regulatorios relacionados con las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y el acceso al financiamiento.
Aunque no hay cifras oficiales precisas sobre cuántos inmigrantes indocumentados poseen cuentas bancarias o tienen préstamos vigentes, expertos y organizaciones señalan que millones de personas podrían verse afectadas de forma indirecta por estas nuevas revisiones. Incluso inmigrantes que pagan impuestos y participan en la economía formal podrían enfrentar controles más estrictos al solicitar créditos o acceder a ciertos servicios financieros. La nueva guía podría modificar la forma en que los bancos estadounidenses evalúan las solicitudes de financiamiento.
Además, la administración estadounidense ya había adoptado medidas relacionadas con otros beneficios económicos. Según Associated Press, el Departamento del Tesoro emitió previamente avisos para que las instituciones financieras estén atentas a posibles casos de robo de identidad, fraude en impuestos sobre la nómina y esquemas de lavado de dinero vinculados con la contratación de personas sin autorización laboral.
La agencia también indicó que existen más de una docena de señales de alerta que podrían revelar que una persona trabaja o reside en Estados Unidos sin autorización legal.
Entre los grupos que podrían verse afectados se encuentran algunos beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), debido a cambios relacionados con determinados créditos fiscales considerados beneficios públicos federales.
En este escenario, la nueva guía sobre préstamos y créditos representa otro paso dentro de la estrategia migratoria del gobierno de Trump, al trasladar parte del control sobre los inmigrantes indocumentados al ámbito financiero y aumentar la supervisión de las operaciones realizadas dentro del sistema bancario estadounidense.