Migrantes que dejaron EE. UU. podrían ser rastreados por deudas migratorias mediante investigadores privados contratados por el gobierno de Donald Trump.
La administración de Donald Trump prepara un mecanismo para localizar a inmigrantes que abandonaron Estados Unidos y aún mantienen multas o deudas migratorias pendientes. Según información de N+ Univision y El Comercio Perú, el plan contempla contratar investigadores privados para ubicar a estas personas incluso fuera del territorio estadounidense y facilitar el cobro de dichas obligaciones.
El nuevo mecanismo podría alcanzar tanto a inmigrantes legales como a indocumentados que salieron de Estados Unidos sin haber cumplido con determinadas obligaciones económicas ante el Gobierno. En una primera etapa, las autoridades evalúan realizar operaciones en México, Honduras y Guatemala, con la posibilidad de ampliar posteriormente el programa a otros países.
Uno de los casos que refleja esta situación es el de Claudia, quien recibió una deuda de US$1,8 millones relacionada con inmigración. Ante la imposibilidad de asumir ese monto, decidió salir de Estados Unidos y regresar a México mediante el programa CBP One. Sin embargo, posteriormente descubrió que abandonar el país no eliminaba la deuda. "Estoy viendo en las noticias que no le quitan la deuda", contó a N+ Univision, al enterarse de que la obligación permanece vigente hasta que sea pagada.
Según la información difundida, hasta julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había acumulado más de US$84 mil millones en multas contra inmigrantes acusados de no haber abandonado Estados Unidos. Esta cifra corresponde al monto total de las sanciones y no significa que cada persona deba pagar dicha cantidad.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también confirmó su respaldo a las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, incluidas las multas migratorias y otras deudas con el Gobierno de Estados Unidos.
El plan contempla recurrir a agencias privadas de investigación registradas en Estados Unidos y con capacidad para localizar personas en el extranjero. Los investigadores deberán identificar a los deudores y verificar su ubicación.
Entre las tareas previstas estaría documentar sus viviendas y lugares de trabajo mediante fotografías para confirmar su identidad y ubicación. Una vez localizada la persona, los investigadores deberán orientarla hacia Pay.gov, la plataforma oficial utilizada para realizar determinados pagos al Gobierno estadounidense.
El proyecto piloto comenzaría en México, Honduras y Guatemala. Las empresas contratadas deberán demostrar que cuentan con los recursos necesarios para operar en esos territorios. El objetivo de la administración Trump es que la salida de Estados Unidos no impida continuar con el proceso de cobro. Por ello, los inmigrantes que abandonaron el país podrían seguir enfrentando obligaciones económicas incluso después de establecerse en otro territorio.
El alcance del programa dependerá de su implementación y de las normas vigentes en cada país. Por ahora, las autoridades estadounidenses buscan crear un mecanismo que permita rastrear a inmigrantes con multas pendientes y exigir el cumplimiento de sus deudas más allá de las fronteras de Estados Unidos.