MUCHO CUIDADO, inmigrantes de este estado que prohíbe ciudades santuario: NUEVA LEY elimina beneficios de indocumentados

En un cambio radical que generó alarma entre miles de inmigrantes, un nuevo conjunto de leyes en un estado que prohíbe las ciudades santuario ha implementado medidas que eliminan los beneficios para indocumentados. Esta legislación impacta tanto a residentes como a nuevos solicitantes de asilo, desatando una ola de preocupación y oposición por parte de activistas y comunidades inmigrantes.

Las consecuencias de esta ley podrían ser mucho más amplias de lo que se prevé, dejando a miles en una situación precaria y sin acceso a servicios básicos.

De acuerdo con EL PAÍS, Florida aprobó una de las leyes migratorias más estrictas de Estados Unidos, conocida como SB-2, que desató controversias y divisiones. El gobernador Ron DeSantis, con la intención de hacer del estado un lugar más seguro, busca que esta legislación sirva de modelo para otras regiones.

La ley, vigente desde el 14 de febrero, amplía el programa 287(g) y obliga a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, la SB-2 establece sanciones más severas para delitos menores y promueve la pena de muerte obligatoria para delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación de menores, lo que generó un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus efectos sociales.

De acuerdo con EL PAÍS, la ley no solo facilita la colaboración con el ICE, sino que también crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al estado. El representante Lawrence McClure enfatizó que el mensaje es claro: "No vengan a Florida ilegalmente". La nueva ley SB-2 establece:

Organizaciones como la ACLU de Florida expresaron su preocupación, advirtiendo que esta ley fomenta una agenda política extrema que podría poner en peligro derechos fundamentales, como el debido proceso, al obligar a la policía local a colaborar con el ICE.

El impacto en la economía también se destacó, ya que sectores clave como la agricultura y la construcción, que dependen de la mano de obra inmigrante, temen que la ley afecte la disponibilidad de trabajadores, lo que podría tener consecuencias económicas para el estado.