Golpe a la inmigración: Donald Trump firma orden para CASTIGAR a ciudades que no colaboren con ICE

El presidente Donald Turmp firmó una nueva orden ejecutiva que busca penalizar a las ciudades que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. La medida, anunciada en la Casa Blanca, establece que las jurisdicciones que se declaren "santuario" y no colaboren con los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) podrían enfrentar recortes en fondos federales destinados a programas de seguridad pública y otras áreas.

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Donald Trump firma orden para castigar a ciudades

La orden también instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a publicar una lista de las ciudades y estados que no cumplan con las políticas federales de inmigración. Además, se contempla la posibilidad de emprender acciones legales contra instituciones educativas que ofrezcan matrícula estatal a inmigrantes indocumentados.

Donald Trump calificó las políticas de "ciudades santuario" como una "insurrección ilegal" y afirmó que estas jurisdicciones ponen en riesgo la seguridad pública al no colaborar con las autoridades federales. "No podemos permitir que las ciudades se conviertan en refugios para criminales indocumentados", declaró el mandatario durante la firma de la orden.

La medida ha causado reacciones encontradas. Defensores de los derechos civiles argumentan que la orden viola principios constitucionales y fomenta la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales. Por otro lado, funcionarios de la administración de Trump, defienden la acción como una forma de garantizar el cumplimiento de las leyes federales y proteger a las comunidades de individuos peligrosos.

Este es el último de una serie de esfuerzos por parte de la administración de Trump para fortalecer las políticas de inmigración. En sus primeros 100 días en el cargo, el presidente ha intensificado las medidas contra la inmigración ilegal, incluyendo el aumento de arrestos en lugares de trabajo y la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

La implementación de esta orden ejecutiva podría enfrentar desafíos legales, ya que tribunales anteriores han bloqueado intentos similares de retener fondos federales a ciudades que no cooperan con la aplicación de leyes de inmigración. Se espera que los próximos días se presenten demandas que cuestionen la constitucionalidad de esta nueva medida.