MAYOR PREOCUPACIÓN para inmigrantes documentados e indocumentados en EE. UU.: podrían PROHIBIRLES el acceso a la vivienda pública a las familias mixtas

La comunidad de Los Ángeles enfrenta una creciente incertidumbre ante una propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) que podría afectar a miles de familias, incluidos hogares con miembros inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. Madres solteras, personas mayores, activistas, líderes sindicales y funcionarios locales han alzado la voz para advertir sobre el impacto que esta medida tendría en la estabilidad de la vivienda pública.

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HUD plantea restricciones de ciudadanía para la vivienda pública en EE. UU.

El 20 de febrero, Scott Turner, secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), presentó una norma que, según sus palabras, "garantizaría que los beneficios de vivienda financiados por los contribuyentes se destinen únicamente a ciudadanos estadounidenses y a personas con un estatus elegible".

La medida exigiría que todos los residentes de viviendas públicas demuestren su ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio legal, lo que afectaría especialmente a las familias con estatus migratorio mixto.

El período de comentarios públicos para esta propuesta se abrió con una duración de 60 días y concluirá el 21 de abril, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de expresar su opinión sobre la iniciativa federal que podría cambiar drásticamente el acceso a la vivienda pública.

Familias inmigrantes enfrentan posibles desalojos masivos y recorte de apoyos

Organizaciones como la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), el Proyecto Nacional de Ley de Vivienda y la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes han lanzado la campaña Keep Families Together ("Mantengamos a las Familias Unidas") para frenar la aprobación de la norma. Según sus datos, la medida podría afectar a casi 80,000 familias en todo el país, incluidos 37,000 niños ciudadanos estadounidenses, y en Los Ángeles, más de 2,298 familias, casi 6,000 personas, podrían perder su hogar.

La concejal Eunisses Hernández (Distrito 1) destacó el consenso local contra la propuesta: "Presenté una resolución en el Concejo de la ciudad de Los Ángeles oponiéndome a esta norma del HUD, y fue aprobada por unanimidad. En el Ayuntamiento no siempre estamos de acuerdo en todo, pero cuando se trata de oponerse a una política federal imprudente y cruel que desestabilizaría nuestra ciudad, no hubo duda".

Hernández agregó que la administración federal ha cuestionado la capacidad de Los Ángeles para gobernar, pero al mismo tiempo está "saboteando activamente los mismos sistemas que mantienen a las personas alojadas y a las comunidades estables".