Se desatan manifestaciones en EE. UU. luego de que Trump propusiera enviar a ciudadanos estadounidenses a prisiones en El Salvador.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa relación entre Estados Unidos y El Salvador dio un giro significativo, con un enfoque cada vez más fuerte en la deportación de inmigrantes y, recientemente, la propuesta de enviar a ciudadanos estadounidenses a prisiones extranjeras. Este plan, discutido por el presidente de EE. UU., Donald Trump, generó preocupación y debate sobre su viabilidad legal y las implicaciones para los derechos humanos.
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El pasado lunes, Trump reafirmó su intención de enviar a El Salvador no solo a inmigrantes indocumentados con antecedentes judiciales, sino también a "criminales locales" estadounidenses.
Durante una reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, Donald Trump expresó que su administración estaba considerando seriamente la posibilidad de trasladar a delincuentes estadounidenses a prisiones en El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que ha sido utilizado para albergar a pandilleros de diversas nacionalidades.
Según un video publicado en la cuenta oficial de Nayib Bukele en X (anteriormente Twitter), Trump afirmó: "Los criminales locales son los siguientes. Los locales son los siguientes. Hay que construir unos cinco lugares más".
Esta declaración resalta la intención de Trump de ampliar las deportaciones hacia su país vecino, una medida que ya se ha aplicado a inmigrantes con antecedentes penales, pero que ahora se ampliaría a ciudadanos estadounidenses.
La propuesta de Trump fue recibida con escepticismo, especialmente por expertos legales. Varios de ellos señalan que la deportación de ciudadanos estadounidenses a otros países, incluso a uno con el que Estados Unidos mantiene estrechos lazos, sería inconstitucional. Según la Constitución de los Estados Unidos, los ciudadanos tienen derecho a no ser deportados, y esta medida podría contravenir ese principio fundamental.
En declaraciones posteriores, Trump comentó que su equipo "estaba estudiando" la legalidad de este plan. "Si se trata de un delincuente local, no tengo problema", afirmó. Sin embargo, la viabilidad legal de esta idea sigue siendo incierta. A pesar de las dudas jurídicas, el presidente reiteró que se trataba de "gente violenta, realmente mala", refiriéndose a aquellos que, según él, merecerían ser enviados a prisiones extranjeras.
El presidente Bukele, por su parte, expresó su disposición a colaborar con la administración de Trump, subrayando que estaba "muy dispuesto a ayudar" en la ejecución de estos planes. Sin embargo, la cuestión de si El Salvador realmente aceptaría tal acuerdo, así como las implicaciones políticas y diplomáticas de esta medida, siguen siendo un tema de especulación.
Aunque la propuesta se encuentra aún en etapa de estudio, esta alianza en materia de deportaciones plantea serias preguntas sobre los derechos de los ciudadanos estadounidenses y el respeto a los tratados internacionales. De confirmarse, este acuerdo podría abrir la puerta a una nueva fase en la relación entre Estados Unidos y El Salvador, donde las deportaciones se extienden más allá de los inmigrantes indocumentados, afectando a nacionales del propio país.
En el estado de Maryland, grupos de manifestantes marcharon el lunes por el centro de la ciudad de Baltimore. aunque la administración Trump parece estar avanzando con planes más amplios, las implicaciones legales y los desafíos diplomáticos de enviar ciudadanos estadounidenses a prisiones extranjeras están lejos de resolverse.