Los abogados indican que firmar la orden es clave para acceder a recursos legales como apelaciones o suspensiones, que se pierden si no se acepta formalmente.
En un contexto migratorio cada vez más complejo, muchos inmigrantes enfrentan la difícil decisión de firmar o no una orden de deportación. Aunque la ley les permite negarse a firmar, esta opción conlleva repercusiones significativas que pueden afectar su situación futura en Estados Unidos. Contrario a la creencia popular, rechazar la firma no detiene el proceso ni asegura beneficios inmediatos; al contrario, puede traer consecuencias más graves. Por ello, la cuestión clave es si conviene o no firmar la orden de salida del país.
Según Illinois Legal Aid, negarse a firmar la orden de deportación sin asesoría legal puede generar consecuencias graves. Principalmente, porque:
Las consecuencias de la deportación para un inmigrante pueden ser profundas y abarcar diversos aspectos de su vida:
Después de que se emite la orden de deportación, el inmigrante generalmente tiene entre 60 y 90 días para salir del país, aunque este plazo puede variar según el juez o el ICE y, en algunos casos, ser mucho menor. Si no se puede cumplir el plazo por motivos médicos, familiares o legales, se puede solicitar una prórroga o presentar una apelación, siempre con asesoría legal adecuada.
No cumplir o ignorar la orden de deportación puede ocasionar consecuencias permanentes, como prohibiciones para regresar o acceder a beneficios migratorios futuros.