En febrero, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, demandó contra esta ley que impide a funcionarios federales de inmigración acceder a datos del DMV.
Nueva York se ha destacado históricamente como un defensor clave de los derechos de los inmigrantes. Aunque las leyes federales de inmigración rigen en todo Estados Unidos, el estado ha implementado políticas propias que fomentan una mayor inclusión. Esto se traduce en beneficios como acceso a licencias de conducir, mejores oportunidades laborales y servicios públicos accesibles para la comunidad migrante.
La Ley de Luz Verde, conocida oficialmente como Driver’s License Access and Privacy Act, se aprobó en Nueva York en 2019. Gracias a esta ley, todos los residentes mayores de 16 años pueden solicitar una licencia de conducir estándar o un permiso de aprendizaje, sin importar su estatus migratorio o si son ciudadanos.
Esto significa que personas sin documentos o que nunca han tenido un número de Seguro Social aún pueden aplicar para una licencia de manejo válida dentro del estado.
Un aspecto fundamental es que la Ley de Luz Verde salvaguarda la privacidad de los datos personales de las personas que solicitan la licencia. El DMV de Nueva York establece normas rigurosas sobre las condiciones y el modo en que esta información puede ser compartida con agencias federales, como el ICE. Además, está obligado a notificar a los titulares si alguna autoridad migratoria solicita sus datos.
En febrero, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, presentó una demanda civil contra la Ley de Luz Verde, argumentando que dificulta el acceso de funcionarios federales de inmigración a la información del DMV. A pesar de esta acción legal, la ley continúa en vigor y las protecciones de privacidad siguen siendo aplicables para todos los beneficiarios.
Bajo esta legislación, los solicitantes pueden acceder a una licencia estándar que es válida para conducir dentro del estado. Sin embargo, es importante destacar:
Más allá de las licencias de conducir, Nueva York ha implementado leyes de inmigración adicionales para proteger a la comunidad indocumentada.
En 2014, el exalcalde Bill de Blasio firmó una serie de leyes que prohíben a la policía y a los funcionarios penitenciarios colaborar con ICE en operativos de deportación, salvo en casos excepcionales. Estas medidas buscan crear un entorno más seguro e inclusivo para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.