A principios de junio, Los Ángeles movilizó alrededor de 4.000 guardias nacionales, 700 marines y agentes federales para apoyar en las protestas.
Según Associated Press, un juez federal de Estados Unidos determinó que la administración de Donald Trump actuó de forma intencionalmente ilegal al desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante las protestas migratorias de junio. La sentencia, emitida por el juez Charles Breyer desde San Francisco, calificó el despliegue como una clara señal de abuso de poder presidencial.
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Un juez federal concluyó que el gobierno violó intencionalmente los límites legales del uso de la Guardia Nacional en Estados Unidos al asignarles tareas prohibidas, como control de multitudes, establecimiento de perímetros y bloqueo de tráfico. El fallo responde a una demanda de California, que denunció la transgresión de leyes federales que prohíben a las fuerzas militares aplicar normas civiles.
Además, el gobierno no coordinó adecuadamente con las autoridades estatales y locales, y manipuló el lenguaje con el que las agencias federales debían solicitar asistencia, lo cual refuerza la acusación de uso indebido del poder.
Finalmente, el juez Breyer advirtió que tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron su intención de expandir esta estrategia a otras ciudades como San Francisco y Oakland, generando preocupación sobre la creación de una posible "fuerza policial nacional con el presidente como su jefe".
Aunque no ordenó la retirada inmediata de los 300 soldados aún desplegados, el juez enfatizó que recibieron un entrenamiento inadecuado y prohibió al gobierno utilizar a las tropas "para ejecutar las leyes". Esta orden entra en vigor el 12 de septiembre.
El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión judicial, recordando que "ningún presidente es un rey" y subrayando la importancia de preservar la autoridad estatal frente a excesos federales.
En respuesta al dictamen judicial, la Casa Blanca anunció su intención de apelar. Su portavoz, Anna Kelly, acusó al juez de intentar "usurpar la autoridad del Comandante en Jefe" para proteger al país de la violencia.
El fallo, aunque se aplica únicamente a California, podría sentar un precedente que limite futuras decisiones de Trump sobre movilizar a la Guardia Nacional de los Estados Unidos en otras ciudades lideradas por demócratas, como Chicago, Nueva York y Baltimore.
A pesar del fallo, la administración Trump mantiene su postura. Funcionarios como Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, han confirmado que se estudia una ampliación del despliegue militar a ciudades como Chicago, donde Trump asegura que la situación del crimen amerita intervención federal.
Noem incluso afirmó que Los Ángeles "habría ardido" sin la acción de Trump, reafirmando la narrativa del gobierno sobre la necesidad de una mano dura frente a las protestas y disturbios.