Una norma aprobada en 2020 vuelve a aplicarse en EE. UU. y cambia los criterios con los que se decidirá quién puede recibir asilo o frenar una deportación.
El cierre del año llega con malas noticias para miles de inmigrantes en Estados Unidos. A pocos días de terminar diciembre, el gobierno federal confirmó la entrada en vigor de una regla migratoria clave que modifica cómo se analizarán las solicitudes de asilo y suspensión de deportación, un cambio que genera preocupación en comunidades latinas de todo el país.
La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y comenzará a aplicarse desde el 31 de diciembre de 2025. Se trata de una normativa creada durante la administración de Donald Trump que, aunque fue aprobada hace cinco años, nunca se implementó por completo… hasta ahora.
DHS endurece criterios de asilo.
El DHS decidió reactivar los aspectos considerados “sustantivos” de la norma, principalmente aquellos relacionados con seguridad nacional y salud pública. Esto significa que, desde fin de año, los oficiales migratorios tendrán más margen para rechazar solicitudes de asilo si consideran que una persona representa un riesgo para el país.
Aunque algunos procedimientos fueron eliminados para simplificar el sistema, el fondo de la regla permanece: no todos los solicitantes serán evaluados bajo los mismos criterios que hasta ahora.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la salud. Según explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, las autoridades podrán negar el asilo o la suspensión de deportación si consideran que el solicitante podría representar un riesgo sanitario, ya sea por enfermedades transmisibles o por provenir de zonas con emergencias de salud.
Esto no implica una prohibición automática, pero sí abre la puerta a rechazos más frecuentes y revisiones más estrictas, incluso en etapas tempranas del proceso. La norma también permite que el DHS y el Departamento de Justicia identifiquen regiones del mundo con brotes epidémicos.
Las personas que lleguen desde esos lugares podrían enfrentar evaluaciones más duras, algo que recuerda a las restricciones aplicadas durante la pandemia.
A este escenario se suma otra decisión clave: el USCIS anunció a inicios de diciembre la suspensión administrativa temporal de todas las solicitudes de asilo (formulario I-589). La pausa, que afecta a solicitantes de todas las nacionalidades, busca revisar los procesos antes de que la nueva regla comience a aplicarse.
Para miles de personas que ya esperaban una respuesta, esto se traduce en más retrasos e incertidumbre.
Funcionarios del DHS aseguran que estas decisiones responden a una prioridad política clara: reforzar los controles migratorios y evitar que personas consideradas un riesgo permanezcan en el país. En la práctica, abogados migratorios advierten que el asilo en EE. UU. entra en una etapa más restrictiva, donde cada detalle del caso será determinante.
Con el 31 de diciembre a la vuelta de la esquina, expertos coinciden en que estas medidas no eliminan el asilo, pero sí cambian las reglas del juego. Para miles de inmigrantes latinos, no se trata de una norma técnica, sino de una decisión que podría definir si pueden quedarse o no en Estados Unidos en 2026.