Las muertes de manifestantes en Minneapolis, EE. UU., por agentes del ICE ha generado rechazo en los inmigrantes y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza.
La conmoción nacional sigue creciendo tras el fallecimiento de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, y aumentó mucho más cuando las autoridades federales caracterizaron inicialmente a las víctimas como "terroristas", lo que fue rechazado por los dirigentes políticos, defensores de derechos civiles y familiares.
Cabe mencionar que este cuestionado hecho ha abierto un debate sobre la responsabilidad legal de los agentes de inmigración y los estándares de uso de la fuerza, mientras la administración Trump enfrenta cuestionamientos por su respuesta y promesas de investigación.
Según expertos legales, determinar si los agentes infringieron la ley dependerá de si su uso de la fuerza letal fue razonable en el momento del tiroteo. La Corte Suprema establece que un disparo no viola la Constitución si el agente creyó que existía un peligro inminente de muerte o lesiones graves, aun cuando la víctima estuviera desarmada.
Uso de la fuerza letal por parte de agentes del ICE podría quedar impune.
Los tribunales deberán evaluar la perspectiva del agente, considerando pruebas como videos, testimonios de testigos y antecedentes de confrontaciones previas. Además, la investigación local de Minnesota busca establecer si hubo violaciones a las leyes estatales.
Mientras algunos funcionarios federales aseguran que los agentes gozan de inmunidad absoluta, expertos legales advierten que podrían ser procesados a nivel estatal si se presentaran cargos por homicidio o uso excesivo de la fuerza. La falta de claridad sobre la rendición de cuentas ha intensificado la indignación de activistas y la presión política sobre las autoridades.
El caso también evidencia diferencias entre la capacitación policial local y la de los agentes federales, quienes, según críticos, no están preparados para enfrentar manifestaciones urbanas. Esto alimenta el debate sobre reformas en el entrenamiento y protocolos de ICE, así como sobre la supervisión y las políticas que rigen sus actuaciones.