ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Texas y Nuevo México: gobierno los ACUSA de invadir propiedad militar sin evidencia suficiente
El DOJ acusa a inmigrantes de invadir propiedad militar en Texas y Nuevo México, pero la mayoría de casos se desestima por falta de pruebas.
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Como parte de la estrategia migratoria de la administración Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha promovido una medida polémica que acusa a migrantes de invadir propiedad militar al cruzar la frontera en Texas y Nuevo México. La iniciativa busca disuadir los cruces irregulares y fortalecer el control en áreas designadas como 'territorios de defensa nacional'.
Aunque el gobierno asegura que estas acusaciones buscan proteger zonas estratégicas y frenar la actividad de carteles de drogas, la realidad judicial indica que muchos casos no prosperan. La falta de pruebas suficientes y problemas para demostrar la intencionalidad de los inmigrantes hacen que un alto porcentaje de acusaciones sea retirado o desestimado.
El gobierno de EE. UU. acusa a inmigrantes de invadir propiedad militar
El DOJ instruyó a fiscales para presentar cargos de invasión de propiedad militar mediante un recurso legal llamadoInformation, que funciona como acusación formal para iniciar procesos penales. Esta estrategia se reforzó tras fallos de jueces que descartaron casos en primera instancia por falta de causa probable.
Inmigrantes en Texas y Nuevo México enfrentan acusaciones de invadir propiedad militar.
De acuerdo con reportes, se han presentado más de 4.700 cargos desde abril de 2025, pero alrededor del 60% ya fueron desestimados o retirados. La dificultad principal radica en probar que los inmigrantes sabían que ingresaban a áreas restringidas, debido a señalización insuficiente, largas distancias desde los carteles y barreras de idioma.
Presión del DOJ sobre fiscales
El Departamento de Justicia ha ejercido presión sobre fiscales para que mantengan las acusaciones incluso cuando las pruebas son limitadas. Algunos fiscales han admitido en audiencias que no estaban convencidos de la validez de los casos, pero cumplieron con las órdenes para evitar represalias, incluida la amenaza de despido.
Este enfoque genera un debate sobre la eficacia de la política migratoria y el uso del sistema judicial como herramienta de control fronterizo, dejando en evidencia que muchas de las acusaciones contra migrantes carecen de sustento sólido y terminan desestimadas por los tribunales.
