Una mujer de California fue declarada culpable de acoso por seguir a un agente del ICE y transmitirlo en Instagram, generando temor en su familia.
Una mujer de California fue declarada culpable de acoso tras seguir a un agente del ICE hasta su domicilio y transmitir la persecución en Instagram, provocando alarma y temor entre la familia del funcionario. La acusada podría enfrentar hasta cinco años de cárcel, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso ha generado indignación sobre los límites de la protesta digital y el riesgo que implica exponer públicamente a funcionarios federales. Las acciones de la acusada afectaron directamente a los hijos del agente, obligando a la familia a mudarse y perder beneficios sociales y escolares.
Los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2025, cuando Cynthia Raygoza, de 38 años, junto con otra mujer, siguió al agente desde un edificio federal en Los Ángeles hasta su hogar en Baldwin Park. Durante el recorrido, transmitieron la persecución en vivo a través de Instagram, usando cuentas como @ice_out_of_la, @defendmesoamericanculture y @corn_maiden_design, e indicaron a sus seguidores la ubicación exacta del agente.
Mujer podría ir a prisión por grabar a agente del ICE.
Al llegar al vecindario, las acusadas gritaron frases como “su vecino es del ICE” y alentaron a sus seguidores a acudir a la residencia. Varias personas, con mascarillas, se acercaron al domicilio, generando pánico en la familia y obligando a la esposa del funcionario a llamar al 911.
El acoso afectó gravemente a la familia del agente, incluyendo a sus hijos de tres y siete años, uno de ellos con discapacidad, quienes perdieron acceso a beneficios sociales y educación al mudarse a otro condado. Las autoridades señalaron que el traslado fue necesario por la afluencia de curiosos y la seguridad de la familia.
El jurado federal declaró culpables a Raygoza y a su acompañante por acoso, mientras que una tercera acusada fue absuelta. La audiencia de sentencia se programó para el 8 de junio, y las culpables podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. El primer fiscal adjunto de EE. UU. enfatizó que la Constitución protege la protesta pacífica, pero no la intimidación ilegal o la violencia dirigida a funcionarios federales.