En aeropuertos de EE. UU., la presencia de agentes migratorios suma un control adicional que puede afectar a viajeros, sean ciudadanos o inmigrantes.
Una nueva medida federal encendió las alertas entre los viajeros en Estados Unidos, especialmente entre inmigrantes sin estatus migratorio. En medio de un cierre parcial del gobierno que afectó operaciones clave de seguridad aeroportuaria, se confirmó el despliegue de agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement en diversos aeropuertos del país. La decisión busca responder a la escasez de personal en la Transportation Security Administration, pero también ha generado preocupación por el incremento de los controles migratorios dentro de las terminales aéreas.
Desde el 23 de marzo, Estados Unidos comenzó a desplegar agentes de ICE en sus aeropuertos.
El déficit de personal en la Transportation Security Administration, provocado por retrasos presupuestarios, ocasionó largas filas y demoras en los controles de seguridad. Ante este panorama, el gobierno decidió incorporar U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) como apoyo operativo para agilizar los procesos y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.
Autoridades como Donald Trump respaldan la medida, argumentando que contribuye tanto a la seguridad nacional como al orden en el transporte aéreo. Por su parte, funcionarios como Tom Homan señalan que el despliegue también permitirá optimizar recursos en aeropuertos con mayor congestión, especialmente en centros de alto tráfico como el John F. Kennedy International Airport y el LaGuardia Airport, entre otros ubicados en ciudades como Chicago, Houston y Phoenix.
La presencia de U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) en los aeropuertos no implica funciones de seguridad de equipaje ni de revisión primaria, tareas que corresponden a la Transportation Security Administration. Sin embargo, sus agentes sí cuentan con autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio estadounidense.
Entre sus facultades legales se incluyen verificar identidades, cruzar información en bases de datos federales y detener a personas que tengan órdenes de deportación o situaciones migratorias pendientes. También pueden actuar en áreas públicas del aeropuerto, como accesos, estacionamientos y zonas comunes, en coordinación con el U.S. Department of Homeland Security.
Especialistas en inmigración advierten que los viajeros sin estatus migratorio deben extremar precauciones, ya que los aeropuertos se están utilizando como puntos de control adicionales. Aunque no todos los pasajeros serán intervenidos, la posibilidad de revisiones migratorias ha aumentado en este contexto, lo que ha generado incertidumbre entre comunidades inmigrantes y defensores de derechos civiles.
En resumen, la medida responde a una combinación de crisis operativa en la seguridad aeroportuaria y políticas migratorias más estrictas, lo que convierte a los aeropuertos en espacios donde convergen controles de seguridad y verificaciones migratorias más intensificados.