La Corte Suprema de EE. UU. está revisando el caso de inmigrantes de países distintos a Haití y Siria que solicitan el reconocimiento de sus derechos.
La Corte Suprema de Estados Unidos se alista para escuchar los argumentos relacionados con la controvertida decisión del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que salvaguarda a ciudadanos haitianos y sirios de la deportación.
Este caso no solo afecta a los grupos directamente involucrados, sino que también suscita gran interés entre miles de extranjeros, especialmente entre aproximadamente 200.000 salvadoreños que se encuentran en una situación de incertidumbre.
Un gran número de salvadoreños ha residido en Estados Unidos por casi 25 años bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga permisos de trabajo por periodos de hasta 18 meses, siempre que el secretario de Seguridad Nacional determine que las condiciones en su país de origen no son seguras.
los extranjeros de este país son afectados tras situación actual del TPS.
Como se recuerda, la exsecretaria Kristi Noem puso fin al TPS para los 12 países que debían renovarlo en ese periodo. ABC7 confirmó que, para este miércoles 29 de abril, los últimos argumentos presentados ante el tribunal se centrarán en si el gobierno realizó una evaluación correcta de las condiciones en Haití y Siria al finalizar el TPS, así como en si existió un sesgo contra inmigrantes no blancos.
Según los informes, la decisión afectó a aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios.
En este contexto, es importante señalar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece como un aliado clave de Estados Unidos entre los líderes de los 17 países que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) al inicio de la administración de Donald Trump.
Este programa abarca a aproximadamente 1,3 millones de personas, cifra que ha aumentado durante la presidencia de Joe Biden. La extensión del TPS podría garantizar un flujo constante de remesas que los salvadoreños envían a sus familias en su país. Sin embargo, existe escepticismo sobre la posibilidad de que Trump otorgue algún tipo de beneficio en la siguiente renovación.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue establecido por el Congreso en 1990 con la finalidad de prevenir deportaciones hacia naciones afectadas por desastres naturales o conflictos internos.
Durante la administración republicana, los venezolanos representaban la mayor parte de los beneficiarios, seguidos por haitianos y salvadoreños. Sin embargo, el mandatario decidió cancelar este programa, lo que afectó a aproximadamente 1 millón de personas originarias de países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y Afganistán.