Juez federal en EE. UU. aprueba registro obligatorio para inmigrantes indocumentados

La reciente decisión del juez federal Trevor Neil McFadden respalda la iniciativa del gobierno estadounidense de exigir el registro obligatorio a todas las personas mayores de 14 años que se encuentren en el país sin un estatus migratorio legal. Esta medida busca crear una base de datos federal con información detallada sobre los inmigrantes indocumentados, consolidando un mayor control por parte de las autoridades migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que quienes incumplan esta normativa podrían enfrentar sanciones que incluyen cargos penales, multas e incluso penas de prisión. Además, los inmigrantes registrados deberán portar en todo momento los documentos que acrediten su registro. En el caso de los menores de 14 años, la obligación de registro y documentación recaerá sobre sus padres o tutores legales.

La normativa comenzará a aplicarse este viernes, marcando el inicio formal de su implementación en todo el país. Desde que fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 25 de febrero, se ha orientado a los inmigrantes sin estatus legal a iniciar el proceso creando una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que representa el primer paso del procedimiento de registro.

El USCIS ya puso a disposición en su sitio web los recursos necesarios para que los inmigrantes creen una cuenta personal e pongan en marcha este proceso de registro. En esta plataforma, los usuarios deben ingresar información clave como su lugar de residencia, la fecha en que ingresaron al país y si poseen antecedentes penales, entre otros datos requeridos por la normativa.

Según el gobierno federal, el propósito de esta medida es poner en práctica una disposición ya contemplada en la ley migratoria estadounidense, que hasta ahora no se había aplicado de forma sistemática. No obstante, distintas organizaciones civiles han expresado su preocupación, advirtiendo que esta exigencia expone a miles de inmigrantes a un riesgo mayor de ser localizados y posteriormente deportados.

Los grupos demandantes sostienen que la norma coloca a los inmigrantes indocumentados en una situación límite: por un lado, registrarse implica entregar su información personal y ubicación a un gobierno que ha manifestado su intención de expulsarlos; por otro, no hacerlo podría resultar en sanciones legales, incluidas multas y prisión.