No será repuesto: Tribunal de Florida confirmó decisión de Ron DeSantis para destituir a un funcionario procedente de Misuri

El gobernador de Florida ha impulsado varios cambios en las organizaciones estatales con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la burocracia. En esta ocasión, una de sus decisiones requirió respaldo judicial, luego de que "Doc" Bailey intentara mantener un cargo pese a haber sido acusado de crímenes federales en la década de 1990.

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Fallo a favor del gobernador floridano

Una decisión que podría marcar un precedente fue tomada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito, al respaldar la postura de Ron DeSantis de no reconocer de forma obligatoria las leyes de otro estado sobre la restauración de derechos civiles a personas condenadas por delitos federales graves.

El involucrado es Christopher Bailey, quien fue condenado en Misuri en 1995. Según la legislación de ese estado, sus derechos civiles fueron restaurados automáticamente en el año 2000, tras obtener su libertad. Posteriormente, se mudó a Florida y en noviembre de 2022 fue elegido como miembro de la Comisión de Crescent City. Sin embargo, en agosto de 2023, el gobernador emitió una orden declarando vacante su cargo.

Esta decisión se basó en lo establecido por la Constitución de Florida, que indica que toda persona condenada por un delito o falta federal queda inhabilitada para ejercer cargos públicos en el estado hasta que la Junta de Clemencia Ejecutiva restituya sus derechos. Se sabía que el implicado no había solicitado dicho restablecimiento.

Christopher Bailey apeló la decisión argumentando que la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución de Estados Unidos obligaba al estado a reconocer la restitución de sus derechos civiles. Presentó una solicitud de recurso de amparo, pero el panel conformado por tres magistrados confirmó la orden previamente emitida y rechazó esa interpretación legal.

Lo que dijeron los jueces

Los jueces votaron por unanimidad en contra del implicado, rechazando su interpretación de la legislación. Argumentaron que la Cláusula de Plena Fe y Crédito no obliga a un estado a sustituir sus propias leyes, especialmente en asuntos sobre los que tiene potestad legislativa. Aunque Bailey citó antecedentes similares, el tribunal concluyó que sus derechos no fueron restaurados tras una condena federal. Además, señalaron que un estatuto promulgado posteriormente, la sección 115.306.1, que establece que una persona en su situación queda descalificada para ejercer cargos públicos en su localidad.