¡Atención! Jueza amenaza con liberar a inmigrante si EE. UU. no demuestra plan de deportación

En un giro dramático en un caso migratorio lleno de contradicciones, una jueza federal del distrito de Maryland se mostró inclinada a liberar a Kilmar Armando Abrego García, un hombre que fue expulsado erróneamente a El Salvador y luego retornó a EE. UU., si el gobierno federal no puede mostrar pruebas claras de que hay un plan inminente de deportación. Durante la audiencia del lunes 6 de octubre en Greenbelt, la jueza Paula Xinis cuestionó a los abogados del Departamento de Justicia por su falta de evidencias esenciales para justificar su continuidad en custodia.

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Xinis señaló que probablemente dará al Gobierno un breve plazo para presentar comunicaciones internacionales, solicitudes de documentos de viaje o coordinación con autoridades extranjeras. La ausencia de tales pruebas, sugeriría que el gobierno utiliza una argucia legal para mantenerlo detenido indefinidamente bajo la premisa de una deportación próxima que en los hechos no parece estar planificada.

Dudas judiciales sobre el derecho a mantener la detención

En la audiencia, la jueza no ocultó su frustración con la defensa del gobierno ante preguntas que consideró fundamentales. Insistió en que el Estado debe responder con hechos concretos: "o lo han hecho o no lo han hecho". Cuando los abogados del gobierno admitieron no tener más pruebas que algunos correos electrónicos notificando que Abrego García sería enviado a Esuatini (Suazilandia), Xinis señaló que esa posición "no es defendible".

La jueza advirtió que, de no presentarse esas pruebas, su determinación podría inclinarse por conceder la libertad bajo supervisión a Abrego García. Para ella, mantenerlo en custodia solo tiene sentido si hay una acción de deportación inminente, no meras promesas vacías o suposiciones. Sus palabras reflejan el principio legal de que las detenciones migratorias deben tener un fundamento jurídico claro.

Expulsión errónea y acusaciones posteriores

La historia de Abrego García es compleja: aunque vivía sin estatus legal en EE. UU., estaba protegido por un fallo migratorio de 2019 que impedía su deportación a El Salvador. Aun así, fue expulsado por un "error administrativo" por el gobierno anterior. Tras pasar meses en prisiones de El Salvador, regresó a Estados Unidos en junio, luego de que la Corte Suprema obligara a facilitar su retorno.

Poco después, el gobierno lo acusó de tráfico de personas, una acusación que fue vista por algunos jueces como posible represalia política. En agosto fue liberado por fallos judiciales, pero días después fue nuevamente detenido por ICE, alegando planes de deportarlo incluso a África. Abrego García ha expresado su deseo de ser deportado a Costa Rica, país que le ofreció residencia legal y garantías de no reenviarlo a El Salvador, pero el gobierno no ha aceptado esa opción públicamente.