Hallan en cárceles de Bukele a cuatro salvadoreños desaparecidos: fueron deportados por Trump y detenidos sin cargos en El Salvador

Cuatro salvadoreños que fueron deportados por la administración de Donald Trump y reportados como desaparecidos por sus familias finalmente fueron ubicados dentro del sistema penitenciario de El Salvador. Durante meses, el Gobierno de Nayib Bukele negó conocer su paradero, pero documentos oficiales revelan que los jóvenes José Osmín Santos Robles, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, William Alexander Martínez Ruano e Irving Geovani Quintanilla García permanecen bajo custodia estatal desde marzo de 2025.

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De acuerdo con la información confirmada, solo Brandon Sigarán está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de las políticas de seguridad de Bukele. Los demás se encuentran en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. Su detención se dio sin que Estados Unidos presentara pruebas que los vincularan a actividades terroristas.

Meses de silencio y la presión internacional

Tras la deportación, las familias denunciaron la desaparición de los jóvenes y solicitaron apoyo a organismos internacionales. El Gobierno salvadoreño evitó confirmar su ubicación hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino con pedidos formales de información. La Comisión otorgó medidas cautelares, alertando sobre el riesgo de “daño irreparable” y exigiendo transparencia sobre su situación jurídica.

La CIDH también ordenó al Estado permitir el contacto con abogados y familiares, poner fin al aislamiento y detallar los cargos que enfrentan. Hasta hoy, ninguno ha tenido acceso a visitas ni ha sido informado oficialmente de los delitos que se les imputan.

Un laberinto de respuestas evasivas

Durante siete meses, las instituciones salvadoreñas ofrecieron versiones contradictorias. En documentos remitidos a la CIDH, el Gobierno afirmaba no tener información porque la captura ocurrió “en otro país”, incluso cuando los nombres de los jóvenes aparecían en registros internos.

Las familias de Brandon Sigarán mostraron decenas de solicitudes fallidas: ministerios, embajadas y centros penales se pasaban la responsabilidad sin entregar datos. Una abogada que logró ubicarlo en el Cecot renunció al caso alegando temor a represalias.

Un acuerdo carcelario bajo sospecha

La confusión aumentó con el anuncio público de Bukele en marzo: El Salvador recibiría a cientos de deportados a cambio de un pago estadounidense para ampliar su infraestructura penitenciaria. Sin embargo, meses después se supo que detrás del convenio existía otro interés: obtener de vuelta a líderes pandilleros detenidos en EE.UU. que podrían declarar en contra del presidente salvadoreño.

El acuerdo finalmente se quebró. En julio, más de 200 venezolanos recluidos en el Cecot fueron enviados de regreso a Estados Unidos como parte de un intercambio por presos políticos. Un informe de Human Rights Watch y Cristosal documentó torturas durante su estancia en la megacárcel.

El paradero y las condiciones de los cuatro salvadoreños, en cambio, continúan envueltos en opacidad. Aunque su ubicación ya fue admitida oficialmente, sus familias siguen sin poder verlos y desconocen si han sido presentados ante un juez. Al igual que otros casos dentro del Cecot, su futuro permanece en la sombra.