¿NO MÁS deportaciones a "terceros países" para inmigrantes en EE. UU.? Juez DECLARA ILEGAL la política de Donald Trump

Un juez federal en Estados Unidos suspendió una política migratoria que aceleraba la expulsión de personas hacia países distintos al suyo sin escuchar sus temores de persecución o tortura. La decisión representa un revés clave para la estrategia de deportaciones impulsada durante la administración de Donald Trump y reabre el debate sobre el debido proceso para los inmigrantes en EE. UU.

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Juez federal bloquea deportaciones a "terceros países" en Estados Unidos

El miércoles 25 de febrero de 2025, el juez Brian Murphy, con sede en Boston, declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía deportaciones expeditas a "terceros países" sin audiencias previas. El fallo ordena eliminar la medida y se deriva de una demanda colectiva presentada por extranjeros contra el DHS en 2025.

De acuerdo con N+ Univision, "el juez sostuvo que la política debe ser anulada por violar garantías básicas del debido proceso". El Gobierno adelantó que podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Por qué la política de Donald Trump fue declarada ilegal?

El juez Brian Murphy subrayó que nadie en Estados Unidos puede ser privado de su libertad sin el debido proceso. Enviar a una persona a un país potencialmente peligroso sin permitirle solicitar protección constituye, según el fallo, un "fracaso fundamental del debido proceso" y una violación de la Quinta Enmienda.

Aunque Brian Murphy, nombrado por Joe Biden, dejó en pausa la aplicación del fallo por 15 días para permitir una apelación, enfatizó la gravedad del caso por su impacto humano y legal. N+ Univision citó que la suspensión responde a "la importancia y la inusual trayectoria del litigio".

¿Cuál es el impacto en los inmigrantes y qué cambia ahora en Estados Unidos?

La deportación a terceros países está contemplada en la ley estadounidense, pero históricamente se ha utilizado de forma excepcional cuando la expulsión directa era impracticable o insegura. Durante la administración de Donald Trump, la práctica se amplió sin notificación ni derecho a impugnar, incluso para solicitantes de asilo, basándose en garantías diplomáticas del país receptor.

Según N+ Univision, esta política "convirtió las deportaciones a terceros países en una práctica común", con costos millonarios y riesgos para las personas enviadas a destinos como Costa Rica, México, Panamá, Ruanda y Sudán del Sur. El fallo devuelve centralidad al debido proceso y limita, al menos por ahora, las expulsiones sin audiencia, reforzando protecciones clave para los inmigrantes en EE. UU.